El Proyecto 18 y el sector petrolero

uizá el punto más esperado (y, por algunos, temido) de la versión inicial del programa de gobierno que, bajo el título de Proyecto 18, Morena propaló el 20 de noviembre, fue el relativo a la reforma energética y, en forma más directa, al sector petrolero mexicano, que ha sufrido tan espectacular deterioro en lo que va del siglo, sobre todo en los últimos cinco años. Conviene analizar el planteamiento que al respecto ofrece el mayor partido de la izquierda, corriente política que libró, mediado el actual sexenio, una infructuosa batalla por sujetar a consulta popular el giro fundamental que supuso tal reforma. Recuérdese que la aprobación legislativa de la reforma constitucional fue precipitada y desaseada y la negativa judicial a aprobar la consulta se basó en argumentos deleznables.

Aún con estos antecedentes, la posición que se expone en el Proyecto 18 es tan moderada como viable. De entrada, en el apartado dedicado al rescate del Estado, parea la energética con las otras reformas estructurales y propone, más que revertirlas ante sus evidentes vicios de origen y dudoso historial de implementación, llevar adelante la consulta ciudadana que se solicitó para la primera, cumpliendo todos los requisitos, y en forma tramposa se evitó. La consulta versaría sobre si conviene derogar, reformar o mantener el nuevo aparato legal e institucional surgido de las reformas. Desde la aprobación de la enmienda constitucional en materia energética, a finales de 2013, se ha fortalecido un corpus de opinión experta favorable a ‘reformar la reforma’, más que intentar restituir la situación ex-ante. Coinciden en esta apreciación los beneficiarios de la reforma, como las empresas petroleras privadas, con los que mantenemos posiciones críticas ante la misma. Nadie discute, por ejemplo, la necesidad de adelantar la transición hacia las energías renovables; muchos queremos, además, corregir el sesgo exportador de la reforma y la indebida parcialidad hacia los actores privados que hasta ahora la caracteriza.

En su actual situación –afectada en su perspectiva de conjunto por desarrollos en el mercado mundial y en la economía nacional que no se previeron; incompleta en su diseño institucional, en el que parece avanzarse más bien por ensayo y error; e, incierta en su gestión, por los frecuentes cambios de personal directivo: Pemex ha tenido tres directores generales en cinco años, para citar sólo tres de las características más salientes– Petróleos Mexicanos reclama un rescate urgente que, como se ha visto, no va a provenir del mercado, en cuyos supuestos beneficios se predicó la reforma. Obtener de una consulta popular el mandato inequívoco de reformar la reforma es prudente y, además, es urgente.

Es conveniente detenerse en dos ejemplos recientes de la imperiosa necesidad de reformar la reforma. Primero, en un plazo no determinado, quizá más tarde de lo esperado por los reformadores, el Estado mexicano comenzará a recibir volúmenes de crudo provenientes de contratos de producción compartida. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) realizó una licitación para elegir a un comercializador del Estado –como si Pemex y PMI, que cumplieron esa función en 2017 hubiesen dejado de existir. La licitación se declaró desierta. Bajo la presión del límite autoimpuesto del 31 de diciembre próximo, se ha convocado una segunda licitación. Es evidente, salvo para quienes consideran que el objetivo real de la reforma es obliterar a Pemex, que la comercialización de esos crudos debería seguir a cargo de PMI. Segundo: entre otros, varios campos en la zona de aguas profundas del Golfo de México le fueron asignados a Pemex en la llamada ronda cero, diseñada y realizada con nula transparencia. Para obtener tales asignaciones Pemex demostró a satisfacción de la autoridad y los reguladores que disponía de capacidad técnica, financiera y operativa para explotarlos de manera eficiente. De otro modo no se le hubiesen asignado. Resulta ahora que ha habido licitaciones y están en marcha otras para que Pemex se “asocie” con empresas privadas para explotar esos campos que se le asignaron. ¿Perdió las capacidades reconocidas poco antes? Es claro que la producción y los precios han caído desde el momento de las asignaciones y que enfrenta astringencia financiera, pero la Empresa Productiva del Estado (EPE) más importante debía disponer de recursos para