Diputados de Morena buscarán corregir el predialazo en el paquete económico 2018
La iniciativa, luego de que la SCJN resolvió en contra una acción de inconstitucionalidad
Se revisará con lupa el proyecto de reformas al Código Fiscal, advierte Alfonso Suárez del Real
El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) señaló que buscará corregir el predialazo en el paquete económico de 2018, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en contra la acción de inconstitucionalidad que promovió su partido para declarar ilegal el incremento a los avalúos de los inmuebles y el ajuste a dicho impuesto de 3.99 por ciento, que generó incrementos de hasta mil puntos porcentuales a contribuyentes este año.
Máxime, apuntó el coordinador de la bancada, César Cravioto Romero, cuando los ministros Norma Lucía Piña Hernández y José Ramón Cossío Díaz dieron la razón al reclamo de su partido y porque en la Ley del Programa de Reconstrucción, que aprobó el pleno de la ALDF el pasado viernes, no se prevén deducciones o condonaciones de dicho impuesto en las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre.
El diputado Alfonso Suárez del Real añadió que revisarán “con lupa” la iniciativa de reformas al Código Fiscal, una vez que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregue hoy al órgano legislativo el paquete económico del próximo año, para evitar que el titular de la Secretaría de Finanzas capitalina, Édgar Abraham Amador Zamora, pretenda aplicar la escuela del nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, quien dijo tras asumir el cargo, el pasado martes, que el predial es un impuesto que tiene mucho potencial para incrementar la finanzas de las entidades federativas.
Señalaron que la ciudad requiere el próximo año de un presupuesto austero, que oriente los recursos suficientes a la reconstrucción, pero no con medidas como un incremento al predial, como ocurrió el año pasado con la reforma al artículo 130 del Código Fiscal, que la ministra Piña Hernández consideró que fue violatorio del principio de seguridad jurídica, al aplicarse sobre ciertos parámetros que provocaron que la actualización de 3.99 por ciento en las contribuciones, señalado en la Ley de Ingresos, implicara en muchos casos un aumento mucho mayor.