Necesario que la presencia de las fuerzas armadas en las calles sea legal: Campa
Ignorante, quien diga que se militarizará al país, señala vocero
Además de lo anterior, dijo Aguirre, el dictamen no toma en cuenta datos objetivos que indican un aumento en las violaciones de derechos humanos en la reciente década a causa de la intervención militar en labores de seguridad pública, y simplemente se limita a prometer que no habrá abusos de soldados en contra de la población civil.
“Esta ley ocasionaría mayores violaciones de derechos humanos. La evidencia empírica demuestra que antes de 2006 los organismos públicos de defensa de estas garantías recibían 190 quejas anuales en promedio contra las fuerzas armadas, y dos recomendaciones. Pero en esta década el promedio anual aumentó a más de mil quejas y 15 recomendaciones”, resaltó.
Sumado al propio contenido de la ley recién aprobada por los diputados, Aguirre se dijo preocupado por la forma en que fue avalada, ya que la Comisión de Gobernación convocó a reunirse en una hora inusual, en una sala no adecuada para la presencia de la ciudadanía y se dispensaron La actuación de las fuerzas armadas en las calles “es mejor con una ley, porque hoy tenemos su presencia con una legalidad precaria, que es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, y se requiere un marco legal para regular cómo, cuándo y por qué deben proceder, indicó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
El gran reto, señaló, es disponer de un desempeño legal de las fuerzas armadas en lugares donde ello es imprescindible, y hacerlo compatible con el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones civiles.
Entrevistado en Palacio Nacional a raíz de las reacciones producidas por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior, el funcionario defendió la presencia, en todo el mundo, de las fuerzas armadas ante “condiciones extraordinarias.
“No hay ciudad de Europa donde los militares no estén presentes ante el riesgo de terrorismo”, y en México se vive una situación de ese tipo por la fuerza del crimen organizado. Es éste –resaltó– el peor violador de los derechos fundamentales.
“Es brutal lo que sucede. Eso no justifica que el Estado viole las garantías y los derechos humanos, pero sí tenemos una condición absolutamente extraordinaria”.
Al término de la ceremonia donde el presidente Enrique Peña Nieto leyó un mensaje al cumplirse cinco años de la actual administración federal, el subsecretario Campa Cifrián resaltó: “necesitamos garantizar que la presencia de las fuerzas federales sea legal, esté apegada a la legalidad y se respeten los derechos humanos”.
En esa misma ceremonia, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, descartó que mediante la nueva legislación se militarice al país.
Quien así lo asegura, apuntó, es un “ignorante” de la nueva norma.
Las fuerzas armadas realizan un trabajo “muy importante para colaborar con los gobiernos estatales (y) necesitan tener garantías en la ley”, y la recientemente aprobada les da absolutas garantías tanto a aquellas como a la ciudadanía, indicó el funcionario.