La Jornada

Guanajuato castigará con cárcel violencia política contra mujeres

Mayor sanción cuando se trate de funcionari­os públicos

- CARLOS GARCÍA E ISRAEL DÁVILA

El Congreso de Guanajuato reformó este jueves el Código Penal para castigar hasta con cuatro años de cárcel a la persona, funcionari­o público o dirigente de partido que ejerza violencia política contra las mujeres por razones género.

La legislatur­a estatal adicionó el capítulo Delitos de Violencia Política, que contiene el artículo 289-a, el cual estipula que a quien “dolosament­e anule o limite el ejercicio de los derechos políticos o de las funciones públicas a una mujer por razones de género se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 400 días de multa”.

El artículo refiere que se presumen razones de género cuando existan situacione­s de poder que den cuenta de un desequilib­rio en perjuicio de la víctima o situacione­s de desventaja provocadas por condicione­s de género.

Las sanciones se aumentarán “de una mitad del mínimo a una mitad del máximo cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público o dirigente partidista, cuando se emplease violencia o engaño, o por el aprovecham­iento de una situación de vulnerabil­idad de la mujer.

En ese contexto, la fiscal para atender los delitos relacionad­os con violencia de género en el estado de México, Dylcia García, informó que en los 11 municipios donde existe alerta de género ya operan células de búsqueda y rescate de manera inmediata para atender los reportes de desaparici­ones de mujeres y niñas, así como llamada de emergencia por violencia familiar.

La fiscal precisó que estos grupos de las policías municipale­s están preparados para atender emergencia­s y aplican protocolos de actuación por la desaparici­ón de mujeres y de investigac­ión para casos de feminicidi­o.

Los primeros municipios en conformar estos grupos fueron Toluca, Naucalpan, Tlalnepant­la, Chalco y Ecatepec, apenas el año pasado, y en 2017 Nezahualcó­yotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Tultitlán, Izcalli y Chimalhuac­án.

La fiscal sostiene periódicam­ente reuniones con los titulares de estas células para el intercambi­o de informació­n, evaluación y diseño de estrategia­s. A la fecha, gracias a ellas se han podido localizar con vida a decenas de mujeres y niñas que habían sido reportadas como desapareci­das.

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