Diputados investigarán agresiones a indígenas en el sureste del país
Menores de esas entidades, en “riesgo inaceptable”: Unicef El PRI señala a opositores como “filibusteros legislativos” Revientan sesión en la que aprobarían consulta popular sobre el mando único
Debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca, diputados de Morena, Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) crearon un grupo de trabajo para investigar los sucesos de violencia en ambas entidades.
En tanto, el diputado por Morena Guillermo Santiago, acompañado de los indígenas de Chalchihuitán, Chiapas, Eugenio García y Mariano García, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en San Lázaro, solicitando a la Secretaría de Gobernación atienda de manera inmediata la crisis humana, derivada de los desplazados de Chalchihuitán, quienes son obligados a abandonar su Los partidos que integran la coalición Por México al Frente, así como Morena y su nuevo aliado electoral, Encuentro Social, reventaron ayer la sesión de la Cámara de Diputados para impedir que el Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Panal aprobaran una consulta popular sobre si deben constituirse 32 policías estatales y desaparecer las municipales.
Los legisladores de oposición abandonaron el salón de sesiones en momentos en que se sometió a votación el dictamen de la Comisión de Gobernación y, después de cerrado el tablero de asistencia, en el pleno sólo quedaron 201 diputados. El presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), abrió un receso de 15 minutos que, al concluir, obligó a levantar la sesión.
Desde la tribuna, al momento que se discutió el dictamen, diputados del Frente y Morena argumentaron, por separado, que aprobar la propuesta no sólo es inconstitucional, porque la materia de seguridad nacional, que incluye la seguridad pública, no puede ser sometida a consulta pública. lugar de origen por sus vecinos de Chenalhó.
El diputado Santiago expuso que más de 5 mil personas desplazadas viven una crisis humana, a grado tal que se contabilizan siete decesos por hambre y frío –y uno por arma de fuego– a causa de las diferencias religiosas en la zona de los altos de Chiapas.
No obstante, tras el conflicto religioso subyace una crisis agraria, derivada de los años 70 del siglo pasado, por el pésimo deslinde
Una vez que el salón quedó vacío, el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que el rechazo a la medida sólo busca una ganancia electoral y forma parte del “filibusterismo legislativo” del Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados.
–¿Otra más del Frente? –se le preguntó.
–Es una táctica dilatoria, una evasión de una responsabilidad jurídica, política y ética. Vuelven a no cumplir sus compromisos. En la junta de coordinación política se pactó la orden del día y uno de los puntos de ésta era la discusión de este dictamen.
“No cumplen con su obligación, para esto nos pagan, no sólo para discutir.”
“Al evadirse, revelan debilidad y derrotismo porque, sabiendo que perderían la votación, prefirieron romper el quórum en una actitud de franca irresponsabilidad y de pretensión de secuestro de la Cámara de Diputados”.
Tanto en la tribuna como más tarde en una conferencia de prensa, el PAN argumentó que, además, el plazo para una consulta popular el mismo día de la elección presidencial de 2018, venció el 15 de septiembre, y el Instituto Nacional Electoral ya advirtió que topográfico en que incurrieron las autoridades federales, a la hora de reconocer y asignar los núcleos agrarios de las dos poblaciones referidas.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) consideró que se somete a “riesgos inaceptables” a menores y jóvenes afectados por el conflicto territorial entre las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, quienes se han visto obligados, dijo, a un desplazamiento no incluiría una pregunta a la ciudadanía en ese proceso.
Camacho Quiroz sostuvo que si el Congreso vota que se pregunte, el instituto deberá mandar imprimir las papeletas. “No es un asunto de capricho, esto es incumplimiento de la Ley de Consulta Popular, el INE debe incluirla el primero de julio en la boleta”, resaltó. forzado y a vivir en condiciones “infrahumanas”, tras lamentar la muerte de cuatro menores –uno de ellos recién nacido– y dos adultos.
En un pronunciamiento, Christian Skoog, representante del Unicef en México, calificó de “inaceptable” que en México sigan muriendo niños de hambre y de frío, y aseguró que “lo que están viviendo miles de niños y niñas en Chiapas es intolerable, ya que están muy asustados y son altamente vulnerables”.
En una posición similar, la diócesis de San Cristóbal de las Casas señaló que a los decesos provocados por este conflicto se suman también el aumento de los reportes de problemas de salud y el limitado acceso a servicios médicos y medicamentos ofrecidos por personas de la sociedad civil y alguna presencia puntual de personal de instituciones públicas.
Señaló que la crisis humanitaria se intensifica por el desabasto, ya cercano a un mes, provocado por “el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán, sumado a los efectos de las lluvias, el frío y la condición de desplazamiento de numerosas familias, mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán”. de las causales del desplazamiento forzado en curso”.
Exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal intervenir de manera urgente para solucionar la crisis humanitaria que enfrentan más de 5 mil desplazados de ambos municipios; así como dar una solución integral a este añejo problema que ahora “se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde, por la creciente participación de grupos armados”, que de acuerdo con algunas denuncias fueron dotados del armamento por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez.
En el documento, que tiene la anuencia del obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, Ituarte Verduzco aseveró que “aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ha sido insuficiente”.
Advirtió que el problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán “ha crecido hasta parecer inmanejable. Se anuncia como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este conflicto, pero nos preocupa cuál sea su sentido. No basta un documento de escritorio desde Ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no sólo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar”.
Las autoridades, demandó, “deben reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los derechos humanos y a la Constitución”.