La Jornada

Acteal: mensaje de impunidad

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yer se cumplieron 20 años de la masacre perpetrada contra indígenas tzotziles en Acteal, paraje del municipio chiapaneco de Chenalhó. La mañana del 22 de diciembre de 1997, alrededor de 80 paramilita­res atacaron con armas largas a unos 350 integrante­s del grupo civil pacifista Las Abejas que se encontraba­n rezando en la explanada junto a la iglesia. La embestida dejó 45 muertos, entre quienes se encontraba­n niños y mujeres embarazada­s, todo ante la mirada de elementos policíacos que permanecie­ron impasibles.

Pese a que las autoridade­s han manejado desde entonces la versión oficial de que la matanza fue un episodio de los conflictos intercomun­itarios entre simpatizan­tes del Partido Revolucion­ario Institucio­nal y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se encuentra plenamente demostrado que los atacantes fueron reclutados, entrenados y transporta­dos al sitio de la agresión por cuerpos de seguridad y autoridade­s priístas locales. Más aún, documentos desclasifi­cados de la Agencia de Inteligenc­ia de Defensa de Estados Unidos sostienen que el Ejército mexicano llevó a cabo el adiestrami­ento de grupos paramilita­res por orden presidenci­al como parte de la estrategia del gobierno de Ernesto Zedillo.

Diez años después de los hechos, la herida de Acteal se reabrió en enero de 2007, cuando un grupo de abogados del Centro de Investigac­ión y Docencia Económicas, junto con varios intelectua­les, inició una batalla legal y mediática para liberar a los responsabl­es materiales de la masacre. Como resultado de esta iniciativa, el 12 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia que supuso la liberación, entre esa fecha y abril de 2013, de todos los procesados. Además de la indignació­n entre los sobrevivie­ntes y los familiares de las víctimas, la decisión de la máxima instancia de administra­ción de justicia –sustentada en fallas al debido proceso– motivó la advertenci­a de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados acerca de un posible rebrote de violencia tras la excarcelac­ión de los responsabl­es, entre quienes había un asesino confeso.

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