POSTAL DE FIN DE AÑO
A modo de retrato, en la memoria moran mil puertas,
cual ventanales transpiran los secretos por venir, ideas
cierran y otras abren, así, vamos segundo a segundo;
cambian los nombres de días, los meses, las estaciones.
En mudanza; la edad, huellas de vida en el fortuito
transitar; vamos entre oscilaciones de sombra lunar
al resplandor del Sol, luces intermitentes que abrigan,
así oscura-claridad da su solaz al siempre caminante.
Se devela –porque así fue decidido– llegar a un final.
Recomenzará, entonces, el siguiente año consecutivo,
más viejos todos, unos se irán, otros vendrán, historia
al futuro; presente, aquí y ahora entre magia y realidad. de la Ley de Seguridad Interior (LSI), para que resuelva si es constitucional o no, hacemos las siguientes reflexiones para compartirlas con la opinión pública:
La división de poderes en México entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, establecida en el artículo 49 constitucional ha sido violentada con frecuencia, fundamentalmente por el presidencialismo existente en nuestro país. Los poderes Legislativo y Judicial se han subordinado al Ejecutivo en muchas ocasiones.
Ejemplo de lo anterior es la resolución emitida por la SCJN el 30 de enero de 2013, en la que deja en el desamparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), evitando que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiera el papel de patrón sustituto de este gremio, a pesar de que previamente el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo había resuelto que la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se originó por causa de fuerza mayor, como afirmaba el gobierno federal, y por tanto la CFE debería ser el patrón sustituto del SME.
Como el anterior hay varios casos más en el que el Poder Judicial, particularmente la SCJN falla en favor del gobierno federal.
Ante este escenario es necesario que las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, académicos, intelectuales, estudiantes, organizaciones sindicales (quienes no han dicho nada al respecto), nos articulemos y exijamos a la Suprema Corte asumir sus facultades constitucionales, que atienda el interés social, resuelva la inconstitucionalidad de la LSI, debido a que esta ley vulneraría los derechos humanos de los mexicanos, tal como lo han demostrado diversas organizaciones expertas en el tema.