Asociaciones civiles exigen desarmar y castigar a paramilitares de Chenalhó
También rechazaron el nombramiento del comisionado estatal para el caso
Decenas de organismos civiles exigieron la desarticulación, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados “de corte paramilitar”, cuyos líderes materiales e intelectuales han sido claramente identificados y señalados por autoridades, comisionados y comuneros de Chalchihuitán. Esto, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno con relación al conflicto entre los municipios tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en la región de Los Altos.
El colectivo de organismos de la sociedad civil e integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos exigieron el reconocimiento por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, “del estatus legal de desplazamiento forzado interno de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar”, en el marco del conflicto agrario Chalchihuitán-Chenalhó.
Con el reconocimiento se tendría que aplicar de manera inmediata la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, aseguraron.
Debido a la presencia de los paramilitares de Chenalhó, que desde octubre pasado generó el éxodo de miles de indígenas de Chalchihuitán, aún ahora que se ha militarizado el área, los organismos apremiaron a que se garantice el libre tránsito, así como el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona, además de pedir seguridad plena para los derechos humanos de los habitantes.
Los organismos rechazaron al comisionado especial designado por el Ejecutivo estatal, por lo que solicitaron el retiro inmediato de “Fortino Vázquez Pérez, independientemente de su nefasta trayectoria política”. Consideraron que la medida es una imposición unilateral que viola los derechos de las comunidades involucradas a la consulta libre previa e informada, más en un contexto tan delicado como el prevaleciente.
Otra exigencia fue que se faciliten condiciones para que el problema de fondo (territorial y agrario) “se resuelva a través de un diálogo político realizado desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos bienes comunales, recuperando su memoria histórica como pueblos, con observación de organizaciones de la sociedad civil”. Para eso, las instancias jurisdiccionales “que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso”, deberán hacerlo en apego a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Finalmente, los organismos de la misión civil hicieron un fraternal y respetuoso llamado a las autoridades comunales, comisionados, autoridades municipales y a la asamblea general de San Pablo Chalchihuitán “a que reflexionen y analicen a profundidad y con la mayor seriedad dos delicados hechos: la decisión de solicitar la creación urgente de una base de operaciones mixta dentro del territorio comunal, lo que conllevaría la militarización de toda la zona de Los Altos, en el grave contexto de la reciente aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, “cuyo contenido se ha considerado tan lesivo para los derechos humanos”.
El segundo hecho es la división interna y contaminación de todo el proceso de restructuración de la vida comunitaria, en un contexto electoral para este 2018, que representa la intervención de los partidos políticos, cuyos líderes y mayoría de candidatos “buscan únicamente el beneficio personal.”