Aunque se destinan más recursos a infraestructura, persisten carencias
En cinco años el gasto a obras sociales aumentó 48%
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais) ascenderá este año a 73 mil 421 millones de pesos, 9 por ciento más que en 2017. Se trata de recursos que la Federación canaliza a estados y municipios para que los ejerzan en obras sociales y que durante los últimos cinco años crecieron 48 por ciento.
El ejercicio de este dinero se elevó en los rubros de educación, salud, calidad y espacios para vivienda y se trata de cuatro de las carencias que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza.
La organización también toma en cuenta el acceso a la alimentación, seguridad social y el ingreso. En promedio en 2013 se destinaba 24 por ciento a esos indicadores y para 2017 ascendió a 70 por ciento.
El Fais lo ejercen los estados y municipios, pero este año antes deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de enero, el informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y municipios, por lo que en la Comisión Federal de Mejora Regularia (Cofemer) se encuentra el proyecto de acuerdo.
El documento señala que con base en el comparativo realizado por el Coneval para los años 2010, 2012, 2014 y 2016 sobre las carencias sociales que se pueden calcular con la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicos y la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, “se puede observar una caída importante en en el acceso a los servicios de salud, la mejoría en los indicadores de Este lunes entró en vigor la ley SB54 en California, Estados Unidos, que lo convierte en un “estado santuario”, con lo cual buscará proteger a poco más de 2 millones de migrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos.
Con la nueva legislación los policías locales y estatales no podrán indagar la condición migratoria de un detenido, y en caso de conocerla, no podrán compartirla con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con excepción de los acusados por delitos graves, por lo que se corta casi toda comunicación y colaboración con los agentes de dicho servicio. acceso a la seguridad social y a la alimentación, mientras que hubo retroceso en el acceso a los servicios básicos de vivienda.”
Aunque hubo esa reducción, el documento también revela que hasta 2016 un total de 50.6 por ciento de la población tenía ingreso
Con esta ley, también conocida como el Acta de los Valores de California, los agentes necesitarán la orden de un juez que justifique entrar a algún centro de trabajo, incluso permite a los propietarios de hogares que no tengan la obligación de preguntar el estado migratorio a sus inquilinos.
Antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, autoridades federales recalcaron que eso no les impedirá hacer operativos a sus propios agentes. “ICE no tendrá otra opción que realizar redadas en vecindarios locales y en lugares de trabajo, lo que inevitablemente resultará en arrestos adicionales”, inferior a la línea de bienestar, es decir, carecía de recursos suficientes para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria.
Apunta que la medición más reciente del rezago social que presentó el Coneval, en el periodo 2000 a 2015 un total de 46 municipios indicó un comunicado enviado a medios estadunidenses firmado por Lori Haley, vocera del ICE en Los Ángeles.
Esta norma fue aprobada en octubre pasado y firmada por el gobernador Jerry Brown, de extracción demócrata, contraria al Partido Republicano del presidente Donald Trump.
El proyecto de la SB54 fue lanzado luego de que el gobierno federal de Estados Unidos presentó la propuesta encaminada a eliminar las ciudades santuarios, las cuales se caracterizan por tener políticas de seguridad más flexibles para los migrantes indocumentados. mejoraron su condición de rezago al pasar de atraso social muy alto a alto rezago.
Hay 162 municipios que pasaron de la categoría de alto rezago social a uno bajo y medio. Además 81 fueron de rezago social medio a uno bajo. Entre 2000 y 2015 la proporción de la población que residía en entidades con grados de rezago muy alto, alto y medio pasó de 52.2 por ciento a 44 del total.
En Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ha reducido la población con carencias sociales, pero aún están por debajo de la línea de bienestar siete de cada 10 personas.
Luego de que el fiscal general Jeff Sessions sostuviera que este tipo de poblaciones se convierten en los “mejores amigos” de traficantes, contrabandistas y pandilleros, la administración de Trump buscó bloquear recursos hasta por 4.1 mil millones de dólares de dólares a cerca de 600 ciudades y condados santuarios, y establecer nuevas reglas para acceder a dichos fondos y obligar a las policías a colaborar con los servicios de inmigración. Sin embargo, en noviembre el juez federal William Orrick dio un revés a la orden ejecutiva del presidente Trump.