La reforma energética en tiempos electorales
abrá que prestar atención a la intensidad con que está trabajando la Comisión Nacional de Hidrocarburos, justo en los meses previos a las elecciones, también a la evidente campaña de prensa que está en curso para advertir no sólo las bondades financieras que la reforma energética traerá al país, sino la insistencia en el despropósito, señalan, que implicaría cualquier modificación en este ámbito.
Queda claro que gane quien gane la Presidencia de la República, con gusto o a disgusto, estará atado a los compromisos firmados con vigencia por varias décadas. Aun en la remota hipótesis de una reforma constitucional y legal, operaría el principio de no retroactividad y las empresas como la Shell y Chevron tienen amplia experiencia en la defensa de sus inversiones. La licitación de 29 bloques, pertenecientes a la ronda 2.4 en aguas profundas, se llevó a cabo el pasado 31 de enero, y los otros 35, pertenecientes a la ronda 3.1 en aguas someras, será el 27 de marzo de 2018. El festejo fue por la asignación de 19 de 29 bloques, con lo que se espera una inversión de 93 mil millones de dólares. Sin contar, señalaron en la Secretaría de Energía, con los 525 millones de dólares en efectivo que recibirá el gobierno por empresas que buscaron asegurar ganar contratos y que entrarán directamente al Fondo Mexicano del Petróleo. Agregaron: “Estos campos ubicados en aguas profundas comenzarán a producir crudo en 2028, y podrían alcanzar una producción pico de 1.5 millones de barriles diarios en 2032”, es decir, 75 por ciento de la producción de crudo que actualmente tiene México.
Como vemos, los plazos neoliberales no se afectan con los sexenales. ¿Cómo no hablar de continuidad? En un discurso triunfalista, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ante los senadores de su partido, después de reiterar el éxito de la reforma energética, afirmó que la misma estableció la obligación de cumplir con los tratados internacionales que ha firmado México para llevar a cabo consultas indígenas cuando la inversión petrolera o eléctrica se va a llevar a cabo en comunidades mayoritariamente indígenas o equiparables. Por ello, su secretaría “está llevando a cabo por primera vez en su historia, 13 consultas en gasoductos, en plantas de generación eléctrica, en bloques de la ronda 2, en dos estados y han participado 80 comunidades indígenas. Éstas las hemos desarrollado con apego a la legislación nacional, trabajamos de la mano con la ONU, que nos da la asistencia técnica; son procesos muy complejos pero muestran un respeto del Estado mexicano por las comunidades”. Sólo hay que ver los procesos en curso y el rechazo y cuestionamiento a sus consultas. Apenas el pasado 10 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo promovido por , mil 166 indígenas de la comunidad binni’zaa del Istmo de Tehuantepec, la primera sala lo acordó por unanimidad, indicando que el asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, en tanto que involucra el contenido y alcance del derecho humano a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas (comunicado 003, del 10 de enero de 2018, de la SCJN). En Lomas de Bácum, Sonora, también se ha judicializado la oposición al gasoducto Guaymas-El Oro. Ya superaron la frustración ante la oposición indígena a sus proyectos en las consultas, en el caso del parque eólico en Juchitán, que confesaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU: “Por otra parte, los representantes de las autoridades estatales expresaron su frustración por el retraso que la resolución de amparo había supuesto para el proyecto, y un funcionario estatal señaló que el juez federal que había concedido el amparo no apreciaba la importancia de los proyectos energéticos para el desarrollo económico del estado” (Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas acerca de la misión que realizó a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016).
El cierre de la intervención del secretario Coldwell no deja lugar a dudas: “¿Qué nos falta? Nos quedan 10 meses de la administración del presidente Peña Nieto. En el sector energético esos 10 meses no van a ser únicamente de cierre administrativo, van a ser de intensa actividad creativa y de continuar impulsando la reforma energética para llevarla hasta sus últimas consecuencias” (12 reunión plenaria de los senadores de los grupos parlamentarios de PRI y PVEM a la 63 Legislatura, efectuada en el Senado, el 31 de enero de 2018).
Queda esta muestra que confirma lo que ha venido planteando el Concejo Indígena de Gobierno por conducto de su vocera Marichuy en torno a la urgencia de organizarse para enfrentar el avance neoliberal del tramo Salinas-Peña Nieto. La reforma energética, con la expansión minera y los enclaves de las zonas económicas especiales, son, en efecto, proyectos de muerte.
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