La bolsa o la justicia

escate se titula el cartón del monero Hernández en La Jornada. Allí aparece la Justicia amarrada a una silla y Javier Corral, su captor, fijando las condiciones para liberarla: “¡Queremos 900 millones de pesos!”, dice el gobernador de Chihuahua al teléfono.

La caricatura de Camacho en Reforma sobre el desenlace de la Caravana de la Dignidad es diametralmente opuesta. En ella, en una cancha de futbol americano, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el brazo vendado, los lentes rotos y dos chichones en la frente, y el de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, machacado sobre el piso y maldiciendo a Corral, son la imagen misma de una derrota aplastante.

En cambio, el maestro Helioflores hace un balance distinto sobre el pleito por Chihuahua. En su dibujo, titulado Garrote o dinero, un gigante de espaldas, que representa a la Secretaría de Hacienda, blande en su mano izquierda un garrote y en la derecha una bolsa con el símbolo de pesos. Cerca de la tranca aparece Corral noqueado con un cartel que dice “Guerra a los corruptos” y del lado derecho una persona con la mano extendida pidiendo el dinero y una pancarta que afirma “La corrupción no existe”.

La diversidad de opiniones de los moneros sobre el desenlace de la Marcha de la Dignidad no es un asunto exclusivo del gremio, sino algo común a periodistas, analistas y políticos. Más allá de sus demandas explícitas, la movilización estuvo enmarcada en la lucha por la sucesión presidencial y el balance de ésta no es ajeno a las percepciones de a qué candidato favorece el resultado final. La mayoría (no todos) de los simpatizantes de Ricardo Anaya y Por México al Frente la presentan como una victoria arrolladora de Corral. En cambio, sus detractores menosprecian la negociación. El mismo Andrés Manuel López Obrador declaró que Javier Corral es pura “faramalla” y Anaya un “mafiosillo”.

Grandilocuentes, envueltos en la bandera nacional, grupos empresariales e intelectuales afines presentaron la marcha hacia Ciudad de México como el último eslabón de una nueva rebelión cívica contra la corrupción y el centralismo opresor, encadenada a episodios como la defensa juarista de la República y la Revolución Mexicana. Otras figuras le asignaron propósitos más modestos, como el de romper el círculo de la impunidad que rodea el financiamiento gubernamental de las campañas electorales. Algunos más dijeron que se trataba de acabar con la discrecionalidad de Hacienda en el manejo de los recursos destinados a los estados.

Juzgada la movilización únicamente por esos grandes objetivos, su saldo final es decepcionante. No logró ninguna de esos ambiciosos propósitos. Fue el parto de los montes.

Sin embargo, si se dejase parte de la idea de que, como siempre lo ha hecho, Corral iba a terminar negociando otras demandas, la marcha tuvo algunos éxitos, hayan sido o no explicitados en un primer momento. No es poca cosa que, en un acto tan discrecional como los que los manifestantes criticaban, la Secretaría de Hacienda le haya otorgado a Corral los 900 millones de pesos que buscaba. Y, que como ha hecho el gobierno federal con otros gobernadores de oposición (Veracruz, Quintana Roo o Tamaulipas) abra la puerta para meter a su antecesor a la cárcel.

Pero la cosa no termina ahí. La Caravana por la Dignidad fue, también, una maniobra electoral. De cara a los próximos comicios, hay en el país una apuesta de la nueva derecha (y Claudio X González juega un papel clave en ella) por quedarse con el espacio político de la lucha contra la corrupción, en disputa con AMLO. La movilización se convirtió en el “brazo ciudadano” de la campaña Por México, al Frente. Aunque la ofensiva es mucho más amplia, Corral le abrió un flanco por la izquierda a Anaya. La presencia de Santiago Creel en momentos clave de la caravana, artífice de la estrategia de Anaya, no fue un hecho secundario.

Aunque la caravana estuvo nutrida y arropada esencialmente por militantes de Por México al Frente, Corral construyó un bloque político-social relevante. Articuló alrededor suyo a una parte de lo que fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (mucho menos vital y numeroso que el original) y perfiló a Emilio Álvarez Icaza como su mano izquierda, responsable (como en el movimiento) de organizar el espacio “ciudadano”. Sumó, también, a algunos activistas ciudadanos que giran cada vez más en la órbita del sistema solar de la derecha empresarial. Corral avanzó en acercarlos a su proyecto.

Los apologistas de la caravana quisieron presentar su movilización como parte de una confrontación entre la sociedad organizada y el PRI. No fue así. Como fue explicado en las columnas de Raymundo Riva Palacio y Martha Anaya, Corral utilizó en su favor las contradicciones interpriístas en el contexto de la sucesión presidencial. En cambio –y eso no es un dato menor– no tuvo el apoyo de los gobernadores del PAN y del PRD, no sólo porque el gobierno lo neutralizara, sino porque no es bien visto entre ellos.

Con la Marcha de la Dignidad, Javier Corral pretendió tapar las graves anomalías de su gobierno en el esclarecimiento del crimen de Miroslava Breach. No pudo hacerlo. Hay evidencias sólidas de que una parte del panismo en Chihuahua está involucrado en el asesinato de la periodista. Javier Luévano, secretario particular del Gobernador, protege a Hugo Schultz, el ex alcalde de Chínipas. Schultz, escribió Miroslva cuatro meses antes de ser asesinada, “es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la Presidencia Municipal”.

Con la negociación de Javier Corral y el gobierno federal, Ricardo Anaya recibió una bocanada de oxígeno, nada despreciable en una campaña electoral que tiene un candidato puntero y dos que marchan en tercer lugar. Que cada quien saque sus conclusiones de ello.

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