Periodistas atrapados en la guerra entre cárteles luchan por su vida y su profesión

Omar Bello, amenazado de muerte por el se acogió al mecanismo de protección

Omar Bello Pineda, periodista de pueblo, tenía 10 años en el oficio y había alcanzado lo que llama “la bonanza” en la Costa Grande de Guerrero: ganaba dinero, tenía prestigio, reporteaba para el diario ABC de Zihuatanejo, para un canal de televisión local y para dos portales digitales, Libertad Guerrero y Acapulco Online. Y portaba con mucho orgullo el chaleco con las siglas de su medio. Cada día bajaba y subía la sierra en su moto, desde Petatlán a Zihuatanejo.

Hasta que un día estalló la guerra entre los cárteles de El Chapo y los Beltrán Leyva, y las plazas de Zihuatanejo y Petatlán terminaron enfrentadas. “Y yo, que vivo en la sierra pero bajo todos los días a la costa, quedé en medio de los dos”.

Lo que escribía de un lado no gustaba del otro. “Cada día, al salir de mi casa, me preguntaba si por la noche regresaría”. La bonanza del periodista se desvaneció y el orgullo también. Hasta dejó de usar sus chalecos. Cubría nota roja pero no era su único tema. “Un día escribí una nota sobre el saqueo de material pétreo en el lecho del río de la sierra. Me amenazaron. Otro día escribí algo sobre minería, nada de denuncia, simplemente me atuve a lo que dijo la autoridad. Y también me amenazaron. Con frecuencia los grupos delincuenciales me daban órdenes, o se las daban a mi jefe de información. Pero uno aprendía a capotearlas, aunque no siempre se puede”.

Julio Omar Gómez perdió su casa y propiedades en un incendio provocado por criminales

En 2012, en plena campaña electoral, “todos en Petatlán recibimos la advertencia de que ‘en territorio templario no se critica al PRI’”. A finales de ese año fue su primer levantón.Y luego vino otro.

Mientras hace su relato, Omar se para, se sienta, viene y va, al menos ocho veces mientras intenta consumir un refresco que deja a la mitad, embargado por un cuadro agudo de ansiedad.

Recuerda que las primeras amenazas que recibió fueron “súper light, así como un encargo, como una cortesía”. Hasta le hablaban de usted. Pero en meses recientes subieron de tono. “En una ocasión, por publicar la fotografía de unos detenidos, me advirtieron que me iban a cortar la cabeza. Esa sí fue en serio. Ya no me hablaron de usted sino de tú. Me lo dijeron clarito. Esta es la última advertencia, no va a haber otra. Debo decir que hacía dos años que me lo esperaba”.

Fue en agosto del año pasado. Salió corriendo hacia Ciudad de México. Once días después el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aceptó su solicitud de asistencia. Ahora vive en un departamento-refugio y sigue batallando por resolver los problemas de traspaso de escuelas de sus hijos y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para toda la familia. Quienes lo amenazaron le siguen llamando por teléfono y en el convulso estado de Guerrero la esperanza de una investigación judicial que castigue a quienes lo acosan es, simplemente, un sueño guajiro.

También es muy remota la posibilidad de que Julio Omar Gómez pueda volver a su casa, a su vida de antes, en San José del Cabo. Como remota es la posibilidad de que la policía de Baja California o la federal capturen a los jóvenes que quemaron su casa y mataron a uno de sus guardaespaldas, Arturo Valle, el 29 de marzo del año pasado, a pesar de que sus imágenes quedaron grabadas en las cámaras que el periodista colocó en su domicilio, por su cuenta.

Buscando señales de que la violencia en su estado, Baja California Sur, va amainando, Julio encuentra cada día noticias que indican lo contrario. Días antes de conversar con este diario, en tres puentes de las carreteras que unen a La Paz con San José del Cabo y Cabo San Lucas el crimen organizado colgó seis cuerpos. En 2017 la tasa de asesinatos violentos en Baja California Sur se triplicó respecto del año anterior.

En ese contexto algunos medios digitales, entre ellos el suyo, Noticias 911 y el Colectivo Pericú, que dirigía Maximino Rodríguez, asesinado el 14 de abril de 2017, intentan mantener abiertas mínimas ventilas por donde circule la información.

Gómez Sánchez no se tomaba las amenazas demasiado en serio hasta que el 19 de diciembre de 2016 se materializaron por primera vez. Ese día él y su esposa estaban fuera de su hogar cuando empezó un incendio en la cochera de su casa. Lo perdieron todo. El peritaje del Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo no dejó lugar a dudas. El incendio fue intencional. El secretario de Gobierno estatal le propuso que se incorporara al mecanismo de protección a periodistas.

“Dejé de publicar. No sólo yo; todos los medios le bajaron dos rayitas a sus contenidos, a limitar las denuncias.”

Julio Omar aceptó la asignación de dos escoltas permanentes ordenada por la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

El 8 de febrero de 2017 se repitió un atentado similar pero lograron controlar el fuego a tiempo. Los perpetradores dejaron una cartulina con una amenaza. En las cámaras de seguridad que instaló el reportero los perpetradores son perfectamente identificables, pero la policía local nunca los buscó. Y hubo un tercer intento, 48 días después. “Pero esa vez sí había un tirador apostado. Disparó y le dio a uno de los escoltas. Lo mató”.

En ese momento, Julio entendió que sólo acogiéndose a un protocolo de asilo interno podría sobrevivir. En cuestión de horas cambió de ciudad, de paisaje, de rutina. Se desconectó de todo lo que era su vida cotidiana, sus amigos, su oficio, el periodismo. Le asignaron un “botón de asistencia” que –asegura– “no sirve para nada”.

Afectado por estos sucesos traumáticos, padece con frecuencia crisis de ansiedad y pánico. “Hay días mejores que otros”, asegura. “El 14 de abril fue uno de esos días raros en los que amanecí bien, más animado. Y entonces recibí la noticia de que a Max Rodríguez, mi mentor y consejero, lo mataron. Terminé fatal”.

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cubra todas sus necesidades, incluso las de salud, tendría que estar inscrito en el Registro Nacional de Víctimas. La Procuraduría General de la República ya emitió el documento correspondiente, “pero lo extraviaron en la CEAV o la Feadle, no sé, entre los dos instituciones se echan la bolita. Kafkiano”.

Entre tanto, espera noticias sobre la investigación contra los perpetradores de los atentados en Baja California. “Pero el expediente no se ha movido un ápice”.

En Baja California Sur, la tasa de asesinatos violentos se triplicó en 2017