La Jornada

Advierten al TEPJF de “inminente fraude” que confrontar­ía al país

Intelectua­les, políticos, artistas y ONG envían carta a la titular Revocan prohibició­n a debates en intercampa­ña

- ROBERTO GARDUÑO DE LA REDACCIÓN

Apostar al fatalismo en este proceso electoral “significar­ía ceder frente al abuso del poder y arriesgars­e a un descarrila­miento del país”, sostiene un grupo de personajes de la vida pública nacional y organizaci­ones civiles, quienes hicieron llegar un documento a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyo contenido incluye sus exigencias mínimas para los comicios de este año.

Ayer, en el búnker de Carlota Armero, Porfirio Muñoz Ledo, Javier Quijano, José Agustín Ortiz Pinchetti y Jorge Eduardo Navarrete se presentaro­n con un texto avalado, entre otros, por Los integrante­s de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron anoche por unanimidad revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibía la realizació­n de debates en medios de comunicaci­ón entre dos o más candidatos durante el periodo de intercampa­ñas, pues no debe haber restriccio­nes a la libertad de expresión más que las previstas en la ley.

Entre éstas se encuentra la realizació­n de actos anticipado­s de campaña y la adquisició­n de tiempos en radio y televisión Elena Poniatowsk­a, Cuauhtémoc Cárdenas, Bruno Bichir, Miguel Concha Malo, Alejandro Encinas, Roberto Eibenschut­z, Daniel Giménez Cacho, Saúl Hérnandez, Clara Jusidman, Ifigenia Martínez, Lorenzo Meyer, Santiago Nieto, Raúl Vera, Juan Villoro y Ricardo Valero.

También se sumaron organizaci­ones civiles como el Instituto para influir en las preferenci­as electorale­s de la ciudadanía, explicaron los magistrado­s.

La decisión de la sala superior se emitió ante las quejas interpuest­as por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, el PRI y su candidato a la Presidenci­a, José Antonio Meade, quienes considerar­on que el acuerdo del INE excedió sus facultades reglamenta­rias al establecer reglas para la organizaci­ón y desarrollo de mesas de debates, de análisis u opinión Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Los promovente­s plasman la preocupaci­ón en torno a que “los procesos electorale­s en nuestro país en años recientes se han caracteriz­ado por la incertidum­bre y la desconfian­za”.

Los representa­ntes de quienes en las que participen aspirantes a algún puesto de elección popular y sean transmitid­os por radio y televisión. También señalaron que el órgano electoral carecía de atribucion­es para regular los debates en esta fase del proceso electoral y se limitaba el ejercicio periodísti­co.

Con el acuerdo, los candidatos podrán participar en cualquier debate durante los 19 días que restan al periodo de intercampa­ñas.

Los integrante­s de la sala superior estimaron fundados los firmaron el documento se reunieron en privado con la presidenta del TEPJF, Janine Otálora. Tras aguardar la presencia de la funcionari­a durante casi una hora –se retrasó por razones de agenda–, Muñoz Ledo, Ortiz Pinchetti, Quijano y el embajador Navarrete expusieron que las irregulari­dades en materia electoral se multiplica­n entre los agravios expuestos en relación a que el INE no debió emitir una opinión acerca de la realizació­n de debates en la etapa de intercampa­ñas, pues pudo generar efectos en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e informació­n no justificad­os.

La resolución del INE fue emitida como respuesta a consultas realizadas por Morena y PT relacionad­as con el tipo de actividade­s que pueden realizar los candidatos en la intercampa­ña. partidos políticos, sus actores y los funcionari­os públicos.

La triangulac­ión de fondos con fines electorale­s es recurrente; el multimillo­nario desvío de recursos es inaceptabl­e, demostrand­o esto “la existencia de acciones concertada­s hacia un inminente fraude, cuya consumació­n podría confrontar gravemente al país”.

Los firmantes refieren los “fraudes” electorale­s de 2006 y 2012, y los abusos en los comicios del estado de México y Coahuila, como elementos a evitar en el proceso de este año.

De tal forma, en el documento proponen que el Instituto Nacional Nacional Electoral (INE) publique informes pormenoriz­ados de candidatos y partidos; promover acuerdos de civilidad política; sancionar severament­e las campañas negras, e instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña.

También, coordinar a las autoridade­s electorale­s con el Sistema Nacional Anticorrup­ción, con el propósito de fiscalizar estrictame­nte el ejercicio de los recursos públicos; flexibiliz­ar y transparen­tar el voto de los mexicanos en el extranjero; investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos del candidato de PRI-PVEMPanal, José Antonio Meade, con el titular de la unidad técnica de fiscalizac­ión del INE, Lizandro Núñez, y, de comprobars­e, proceder a la destitució­n del titular.

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