La realidad para los periodistas en México, “catastrófica”, afirman
ONU y CIDH presentan reporte final
El riesgo es permanente. Cada vez que se publica información que pueda afectar los intereses de alguien hay peligro. La fatalidad se puede dar al salir a la calle, al cubrir una conferencia de prensa, al ir a tomar un café o al dejar la redacción. Los ataques son variados: agresiones físicas, demandas por difamación, llamadas intimidatorias, amenazas de muerte, seguimientos, desaparición y hasta asesinatos.
A dos días del primer aniversario del homicidio de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua (23 de marzo), esa es la realidad que viven los periodistas en México, la cual los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, calificaron de “catastrófica”, al tiempo que criticaron que la impunidad sea la regla.
En su informe más reciente sobre libertad de expresión en el mundo, la organización Reporteros Sin Fronteras detalló que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio de esta labor. En 2017 se perpetraron 12 homicidios de profesionales del periodismo (entre ellos el de Miroslava Breach y el de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa), mismo número que en Siria, un país que está en guerra desde 2011.
“Cuando se compara con Siria y otros países donde existen conflictos armados y autoritarismo, México sale peor parado, porque es una democracia que en muchos sentidos aspira a ser un país desarrollado”, sentenció el relator Lanza al presentar, junto a su colega Kaye, las conclusiones finales de su visita de trabajo a territorio nacional, que realizaron del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que de 2000 a la fecha han sido asesinados 132 periodistas en el país, 41 en el actual sexenio; desde 2005 han desaparecido 21, y de 2010 al 31 de enero de este año se han recibido 708 quejas por violaciones a las garantías de los reporteros. pasado, minutos antes de las siete de la mañana, cuando salía de su casa a bordo de su camioneta para llevar a su hijo a la escuela.
Ayer, fuentes cercanas a los asesores legales de la familia y funcionarios federales confirmaron a La Jornada que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solicitó en días recientes que un juez federal le otorgue la competencia.
De acuerdo con la información obtenida, esta petición se realizó luego de que durante varios meses la PGR solicitó a la fiscalía de Chihuahua copia del expediente y ésta no respondió a las peticiones de la autoridad federal.
En casi un año, la FGJ ha centrado su investigación en tres presuntos participantes en el homicidio: Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry o El Wa (detenido); Ramón Andrés Zavala, ejecutado el 19 de diciembre de 2017 en el municipio de Álamos, Sonora), y Wilbert Jaciel Vega Villa, quien se encuentra en calidad de prófugo.
Durante sus indagatorias, la FGJ ha desechado imputar cargos por la participación o involucramiento en este caso de José Luévano, actual secretario particular del mandatario estatal (en marzo de 2017 fungía como secretario general del PAN en la entidad); Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal del PAN, y Hugo Amed Schultz Alcaraz (alcalde de Chínipas cuando ocurrió el homicidio de Miroslava Breach), quien hasta noviembre pasado se desempeñaba, por designación del gobernador Javier Corral Jurado, como coordinador de Educación de la Región Serrana.
Los panistas Schultz Alcaraz y Alfredo Piñera llamaron y presionaron a Miroslava Breach para que revelara sus fuentes de información, en relación con la imposición de familiares de integrantes de los cárteles de Sinaloa (Los Salazar) y de La Línea (de Arturo Quintana, El 80) como precandidatos de PRI y PAN que el crimen organizado realizó en municipios serranos de Chihuahua.
Las conversaciones fueron grabadas y posteriormente entregadas a narcotraficantes de esa zona –presuntamente esa fue la causa del asesinato de la corresponsal de La Jornada–, y de todo ello habría tenido conocimiento José Luévano, pues durante la audiencia de imputación a Juan Carlos Moreno Ochoa así lo señalaron los otros panistas, a quienes se dotó de “identidad reservada” en el expediente: a Alfredo Piñera se le asignó la clave Casio, y a Hugo Shultz, Boby. El 21 de marzo llegaron a Chihuahua Juan Carlos Moreno Ochoa, integrante de Los Salazar; Ramón Andrés Zavala, el tirador, y un tercero no identificado en las actuaciones ministeriales. Presuntamente viajaron en avioneta de Chínipas a la capital chihuahuense.
Moreno Ochoa se alojó en la habitación 120 del hotel Marrod y Ramón Andrés Zavala se quedó en la casa de Wilbert Jaciel Vega Villa. Desde ese día comenzaron a rondar la casa de Miroslava Breach.
En los preparativos del atentado se incluyó como casa de seguridad el domicilio ubicado en la calle Arroyo del Sacramento, colonia Quinta Balboa, la cual pertenece a una agente de la policía estatal –que depende de la FGJ de Chihuahua–, sobrina política de El Larry. Pero las autoridades del estado tampoco le imputaron ningún cargo a pesar de haber aceptado que el homicida material de Miroslava Breach se ocultó en su domicilio antes y después del ataque. La fiscalía la convirtió en testigo con identidad reservada con el nombre clave de Rubí.