Rarámuris y activistas rechazan más mineras en la sierra de Chihuahua
Comuneros indígenas de Jalisco denuncian saqueo de arena con ayuda de autoridades
■ Se concretaron proyectos, anuncia Corral; en unas semanas operará el yacimiento Los Gatos ■ Advierten que impedirán explotación respuesta, quejas ante gobierno y Sin
Comunidades rarámuris y organizaciones sociales de Chihuahua rechazaron que se utilice la industria extractiva para impulsar el desarrollo económico del estado, como pretende el gobernador panista Javier Corral Jurado, quien invitó a las empresas participantes en la Convención de Minería PDAC 2018, que se efectuó en Toronto, Canadá, del 4 al 7 de marzo, a explotar la sierra de la entidad.
Señalaron que las compañías que ya explotan minas a cielo abierto en la comunidad indígena pima de Yepachi y en los poblados rarámuris de Urique, Ocampo, Guazapares y Uruachi, entre otros, sólo han provocado daños ambientales severos, sin tomar en cuenta el bienestar de esas localidades serranas.
Un informe de la Cámara Minera de México indica que en la entidad hay 16 operaciones a cielo abierto. En el municipio de Madera (donde se ubica Yepachi) opera desde 2009 la mina canadiense Panamerican Silver Corp.
En los municipios de Urique y Ocampo la canadiense Goldcorp explota las minas El Sauzal desde 2004. En Urique se encuentra el yacimiento Cieneguita, de la empresa Río Tinto (de capital inglés y australiano). Minera Frisco, de Carlos Slim Helú, opera dos minas a tajo abierto en el municipio de Ocampo: El Concheño y Ocampo.
Con la consigna: ‘‘No queremos minería; queremos nuestro bosque y elegimos la vida’’, representantes de comunidades étnicas y de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos que forman la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara exigen no entregar sus tierras a las mineras.
‘‘Nos adelantamos a los tratos que el gobierno pueda hacer y manifestamos el más enérgico rechazo a la minería en el estado porque queremos cuidar nuestros territorios. Queremos nuestros bosques, barrancas y bienes comunes, queremos agua para todos.”
En entrevista tras su regreso de Canadá, Corral sostuvo que se concretaron inversiones, lo que se traducirá en expansiones, proyectos de exploración y la apertura de la mina Los Gatos, en Satevó, con una inversión de 300 millones de dólares y cuyos trabajos iniciarían en unas semanas.
El panista prometió a los inversionistas facilidades y estímulos, pero ‘‘también queremos el cumplimiento de una serie de estándares internacionales’’.
En Chihuahua hay 4 mil 149 títulos de concesión minera. Es el segundo productor nacional de plata, plomo y zinc; tercero de oro y cuarto de cobre. Comuneros tepehuanos y wixaritari de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco, vigilan el crucero de Izolta para impedir la salida de camiones cargados de arena, indignados por lo que califican de saqueo de sus recursos naturales por parte del ayuntamiento de Villa Guerrero.
‘‘Ayer (lunes) bloqueamos el paso y dejamos personas vigilando por si quieren sacar más arena. Entre Azqueltán y la comunidad de Izolta han sacado al menos 40 camiones del ayuntamiento llenos de arena, pero ya no lo vamos a permitir’’, dijo Catarino Aguilar Márquez, representante agrario y concejal de la comunidad indígena.
El viernes pasado al menos 30 personas estuvieron a punto de enfrentarse con autoridades comunales después de que éstas les notificaron que ya no permitirían el uso de maquinaria para extraer arena de la ribera del río Bolaños.
El líder indígena, quien en febrero pasado fue agredido junto con su padre, Severiano Aguilar Rojas, dijo que el problema se inició con la administración que encabeza el alcalde panista Aldo Gamboa Gutiérrez.
Acusan a edil panista de apoyar a grupos de choque
De acuerdo con los comuneros, Gamboa Gutiérrez y el regidor Ignacio Reyes Márquez –quien en una grabación de video reconoce ante indígenas que el ayuntamiento envía los camiones– patrocinan grupos de choque para confrontar a la comunidad por su negativa entregar los bancos de arena, y con apoyo de la policía municipal han permitido que se cometan invasiones en el territorio indígena.
Aunque el edil Aldo Gamboa ha sido denunciado ante el gobernador priísta Aristóteles Sandoval y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos desde agosto pasado, ninguna de las dos instancias ha respondido la demanda de que se respeten los derechos comunales.
La comunidad tiene 15 mil hectáreas reconocidas como parte de su territorio, y hay al menos 38 mil más en litigio, lo que ha propiciado pugnas y al menos 13 denuncias ante el Ministerio Público, que tampoco ha hecho algo al respecto.
Izolta y San Lorenzo Azqueltán, ubicadas unos 250 kilómetros al noroeste de Guadalajara, en medio de la Sierra Madre Occidental, poseen tierras muy fértiles a la vera del río Bolaños, muy codiciadas en esa región semidesértica de Jalisco.