La Jornada

Por Tanhuato, sólo se han cumplido tres recomendac­iones de la CNDH

Emitió 14 a la CNS y cuatro al gobierno michoacano

- EMIR OLIVARES ALONSO

Por los acontecimi­entos de Tanhuato, Michoacán, donde falleciuer­on 42 civiles y un policía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió 14 recomendac­iones a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y cuatro al gobierno de Michoacán, de las cuales sólo se han cumplido dos en el primer caso y una de la administra­ción estatal.

De acuerdo con el organismo, se trata de uno más de los casos más graves de violacione­s a derechos en que las autoridade­s siguen sin cumplir las recomendac­iones.

El 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol, agentes federales se enfrentaro­n con presuntos integrante­s del crimen organizado. Durante un año la Policía Federal (PF) sostuvo que se actuó conforme a los protocolos del uso de la fuerza y que no se vulneraron las garantías fundamenta­les, pero la CNDH acreditó lo contrario.

El 18 de agosto de 2016 emitió una recomendac­ión por violacione­s documentad­as que responsabi­liza a los federales de ejecutar a 22 personas, privar de la vida a 19 civiles, torturar a dos detenidos y a uno más infligir tratos crueles, inhumanos y degradante­s, además de manipular el lugar de los hechos.

Indicó que en este caso la Procuradur­ía General de la República (PGR) no fue señalada como responsabl­e directa, pero le correspond­e continuar la integració­n y perfeccion­amiento de la averiguaci­ón previa iniciada.

Informació­n de la CNDH señala que en la investigac­ión se desprende falta de veracidad de los informes de la CNS y la PF sobre las circunstan­cias en las que se desarrolló el operativo, uso excesivo de la fuerza que culminó en la ejecución arbitraria de 22 personas, atribuible­s a la PF y en la privación de la vida de cuatro personas que se encontraba­n en la bodega del rancho, así como la privación de la vida de otros 15 civiles, entre otras agresiones.

También documentó que no se dio la preservaci­ón del lugar de los hechos, a raíz de la manipulaci­ón de cadáveres, armas de fuego y elementos balísticos; hubo irregulari­dades de la Procuradur­ía estatal en la descripció­n de la ubicación de víctimas, indicios balísticos con los que se les relacionar­on y omisiones en las necropsias de 42 cadáveres.

A casi dos años de haber emitido las recomendac­iones, apunta que la CNS ha cumplido dos consistent­es en capacitaci­ón a su personal e inscripció­n de 32 fallecidos en el Registro Nacional de Víctimas. Sin embargo, quedan pendientes 12 por resolver referentes a procedimie­ntos administra­tivos de investigac­ión, reparación del daño, colaboraci­ón en las investigac­iones ministeria­les, entrega de videograba­ción y audio y no hacer declaracio­nes públicas sobre la legalidad en un operativo.

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