Comité de participación buscará fiscal anticorrupción sin intereses partidistas

Se requieren personas capaces y honestas, pero independientes: Pérez de Acha

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) manifestó su inquietud por la falta de nombramiento del fiscal y los magistrados especiales anticorrupción, y llamó a explorar posibles reformas legales para evitar que quienes ocupen estos cargos puedan ser “capturados” por intereses políticos.

En su primera sesión abierta el público, los integrantes del CPC señalaron que no contar con el fiscal ni con los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha generado que en la integración de diversos organismos del SNA “falte una de las piezas centrales”.

A los puestos más importantes de la administración pública “muchas veces llegan personas con agenda privada, personal, llegan ‘capturados’ y hacen inservibles las instituciones. Se requiere que quienes lleguen al SNA sean personas honestas y capaces, pero también independientes, para que no les dicten desde arriba lo que tienen que hacer”, señaló Luis Manuel Pérez de Acha.

Por su parte, Irene Levy advirtió que existen “incentivos” para que se hagan las designaciones faltantes en el SNA o se den a modo. Un ejemplo de ello es que, según un artículo transitorio de la ley del sistema, el fiscal anticorrupción ya sólo podría ocupar su puesto hasta el 3 de noviembre de este año.

“La utilidad de un fiscal que entre ahorita es igual a cero, salvo que se busque que tape o desaparezca expedientes”, dijo.

De igual forma, Levy estimó En los últimos 11 años, organizaciones de la sociedad civil han documentado 151 casos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada, “lo cual deja ver la existencia de una política represiva” mediante la cual las víctimas son desaparecidas

ermán Feliciano Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, acostumbraba llamar y todavía lo sigue haciendo, al ex secretario del Trabajo de Felipe Calderón, el nefasto Javier Lozano Alarcón, como su “gato” y constantemente ha presumido que puede hacer lo que se le pegue su gana con él. Lozano por su parte se ha encargado siempre de demostrar que sí lo es y que está bajo su control y dominio por los intereses amafiados creados entre el amo y señor, con su esclavo. Seguramente hay fuertes compromisos monetarios que los unen y, muy en especial, ligas que atan a ambos sujetos para ser capaces de atacar a sus enemigos en una forma tan abyecta y sin escrúpulos.

Desde hace por lo menos 30 años la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, se convirtió en una especie de pago al sector empresarial, por las contribuciones y apoyos financieros a las campañas políticas de los partidos.

Desde entonces, prácticamente todos los secretarios del Trabajo de México, algunos subsecretarios y presidentes de las juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje se convirtieron en su objetivo y su botín para controlar a los trabajadores y a los sindicatos. Lo mismo han hecho con la Procuraduría General de la República (PGR), su titular y subprocuradores, para criminalizar a los líderes sociales, y también en algunos casos con las secretarías de Economía y de Hacienda para obtener fácilmente ilimitadas concesiones mineras y de otros recursos naturales del subsuelo nacional, así como deducciones fuertes o devoluciones injustas de impuestos fiscales.

Facilidades y regalos que, por cierto, ningún otro país del mundo le proporciona a la clase empresarial en esa exagerada proporción. De ahí las grandes fortunas que se han generado en México cada sexenio, donde actualmente existen más de 20 empresarios que se encuentran entre los multimillonarios más ricos del planeta, según consigna la revista que el nombramiento hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de los 18 magistrados anticorrupción del TFJA está “viciado de origen”, pues las designaciones no estaban acompañadas por una justificación de la idoneidad de los jueces propuestos.

En la misma sesión, el CPC aprobó un acuerdo para solicitar al secretario ejecutivo del SNA que revise los alcances de la fracción por su forma de pensar, su participación política o por organizarse para exigir justicia y vida digna.

Colectivos participantes en las actividades por la Semana internacional del detenido desaparecido afirmaron lo anterior y señalaron que la desaparición forzada en México “le ha servido al Estado mexicano quinta del artículo 21 de la ley del sistema, que actualmente limita el acceso a información confidencial o reservada, como en el caso de la triangulación de recursos entre organismos gubernamentales y universidades, conocido como “la estafa maestra” o los episodios de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.

De igual forma, el CPC llamó como política contrainsurgente”, como lo demuestra el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz.

Ambos luchadores sociales, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario como sus integrantes, fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca por fuerzas federales y estatales, a crear una propuesta de modificación de la Ley General de Contrataciones, Obras Públicas y Adquisiciones para evitar que se repitan casos de malversación de fondos, y estudiar un recurso para declarar la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que hace posible la utilización discrecional del llamado ramo 23. y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Usan un método “sistemático y generalizado”para generar terror, señalaron los activistas en conferencia de prensa, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014.

controlar ni engañar más, pues tienen una gran inteligencia y dignidad, y una calidad humana de las cuales carecen los que saquean al país diariamente. ¿Por qué algunos de esos gatos aceptan el puesto que les ofrecen, si no son capaces ni honestos para gobernar respetando el estado de legalidad y los derechos humanos de los mexicanos? ¿Será que sienten pasos de que México va a cambiar y que los priístas no volverán a ocupar puestos públicos en muchos años y por eso están desesperados, sin ética ni moral, tratando de protegerse por medio de sus “fondos de retiro”, producto de las transas, el encubrimiento la arbitrariedad y el tráfico de influencias?

En el caso de la reciente resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje No. 10 contra el Sindicato Nacional de Mineros, tenemos conocimiento de que el expediente respectivo se lo llevaron a Los Pinos con el objeto de no admitir las pruebas de los mineros, tal como una carta de Germán Feliciano Larrea de agosto de 1990 dirigida a un juez de Hermosillo, Sonora, donde aquel sujeto como apoderado jurídico de Grupo México y de su padre Jorge Larrea, le advierte al juez que los recursos de 5 por ciento son únicamente del sindicato y no de los trabajadores para evitar cualquier confusión. Que además dichos fondos provienen del compromiso que adquirieron los Larrea cuando se privatizaron las minas Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre de Nacozari, Sonora, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Ni siquiera esto detuvo a los nuevos gatos en el gobierno, ni a Enrique Peña Nieto ni a Larrea ni a aquellos que controla el capo mayor, el innombrable, para cometer otro abuso y arbitrariedad ilegal que llevaba mensaje al tribunal electoral, para influir en su próxima resolución sobre la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado de la República por el partido Morena. De ese tamaño está el nerviosismo, el pavor y la agresividad de los enemigos del pueblo de México.