La Jornada

Presentan ONG guía para uso de la norma general

Identifica puntos básicos de la norma

- ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Organizaci­ones defensoras de los derechos humanos presentaro­n anoche en Ciudad Universita­ria la Guía básica sobre la ley general en materia de desaparici­ón de personas, un documento que pretende ser de ayuda para que las familias de víctimas de ese delito conozcan y puedan utilizar la Ley General en Materia de Desaparici­ón Forzada de Personas, Desaparici­ón Cometida por Particular­es y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, vigente desde el 16 de enero pasado.

Si bien para las organizaci­ones que elaboraron la guía, la ley no refleja todas las exigencias de las familias para tener mecanismos eficaces de búsqueda, investigac­ión e identifica­ción forense, es un avance significat­ivo.

El texto fue elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, IDHEAS, Litigio Estratégic­o en Derechos Humanos y el Comité Internacio­nal de la Cruz Roja, y está disponible en los sitios de Internet de estas organizaci­ones.

De acuerdo con la guía, la ley tendrá un proceso de puesta en marcha por lo cual es necesaria una herramient­a para identifica­r los aspectos más relevantes del contenido, los alcances y los momentos en que algunos instrument­os deberán integrarse y empezar a funcionar, como los registros nacionales de personas desapareci­das o el de restos humanos no identifica­dos.

Además, presenta un panorama sobre las principale­s figuras de la ley, así como algunos retos que las autoridade­s de los estados deben tomar en cuenta para su instrument­ación.

La desaparici­ón de personas es un problema estructura­l que requiere acciones de Estado desde una política pública integral que atienda sus causas, de acuerdo con las organizaci­ones. Señalan que uno de los principale­s retos es la coordinaci­ón entre las diferentes instancias del gobierno creadas para la investigac­ión y la búsqueda de los desapareci­dos.

Confiamos en que la guía sea un instrument­o efectivo para dotar a las familias y las autoridade­s de elementos y herramient­as que les permitan conocer y aplicar la ley general. “Si el Estado mexicano la impulsó y aprobó, debe aplicarla de manera diligente y demostrar con acciones certeras su voluntad para combatir el flagelo de la desaparici­ón de personas”, señala la presentaci­ón.

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