Tribunal colegiado resolverá conflicto entre jueces por Alejandro Gutiérrez
Dan tres días a director de Cereso para argumentar postura
no es la única forma de violencia. Actos y hechos de compra e inducción del voto también son violentos. Un ejemplo ilustrativo se da a la vista de todos en Ciudad de México. Los fondos del artículo 13 del decreto de presupuesto para la metrópoli debieron ser destinados preferentemente a la reparación de los daños causados por el sismo 19-S-17 y han sido utilizados para fomentar el clientelismo. Entrega de tablets, monederos electrónicos, botes de pintura, teléfonos, computadoras, despensas, tinacos, etcétera. Esto viola claramente la normativa electoral. En el Senado se presentó un exhorto a la Fepade para que investigue estos hechos, pero hasta el momento no hay indicios de una averiguación, ni mucho menos de una sanción contra los funcionarios responsables de estos desvíos.
Ante estos hechos no puede sorprendernos la desilusión ciudadana frente a la democracia que llega a representar más de 40 por ciento de la población, a la que no le importaría un régimen democrático o autoritario, según Latinobarómetro 2017.
La ausencia de cultura democrática, de reglas claras y respetadas no sólo pone en riesgo a los políticos, sino hace evidente que el estado de derecho es muy imperfecto y que en algunas regiones del país simplemente no existe como quedó asentado en el índice de estado de derecho 2017-2018 del World Justice Project (https://bit. ly/2E3fZJy). Las condiciones de salvajismo que aún prevalecen en México hacen muy difícil completar la transición a la democracia.
Colaboró: Mario Antonio Domínguez Muñoz Ante el desacato en que han incurrido autoridades de Chihuahua sobre el juicio que se sigue por desvío de recursos públicos contra el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y dos ex funcionarios locales más, esta madrugada el juez federal Gerardo Moreno García ordenó que un tribunal colegiado en la capital del país resuelva el conflicto de competencia y establezca de manera definitiva qué ámbito va desahogar este juicio.
Asimismo, ante la negativa de Juan Martín Morales Aguirre, director del Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno de Chihuahua, de trasladar a Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles al Reclusorio Norte en Ciudad de México, el juez fijó un nuevo plazo para que se cumpla su determinación.
En un acuerdo emitido al filo de la una de la mañana, Moreno García señaló que dado que el juez de control del estado de Chihuahua no ha dado cumplimiento a su determinación de turnar el expediente de la causa penal 4094/2017 ni ha puesto a su disposición a los tres imputados, “eso indica que tácitamente quiere seguir conociendo de la causa penal y quiere conservar la competencia del asunto”, por lo que un tribunal debe ser el que resuelva el conflicto de competencia.
Respecto del director del Cereso, quien aseguró que es incompetente para ordenar el traslado de los tres imputados, se le requirió para que en un plazo de tres días expresara las razones por las cuales sí obedece la orden del juez local, por lo que el juez federal determinará las acciones que correspondan y que podrían ser desde una nueva multa hasta su arresto por desacato, indicaron funcionarios judiciales.