Interviene el Congreso para que gobiernos estatales protejan a usuarios del transporte
Utilizar el servicio público en áreas metropolitanas, un terror por los asaltos
l departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Estados Unidos informó que se desconoce el paradero de aproximadamente mil 400 menores que llegaron al país sin documentos migratorios. La mayoría de ellos, al igual que miles de adultos, huyeron de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala. Las autoridades migratorias pusieron a los menores en custodia de familias y hogares sustitutos en ese país, pero es difícil conocer su paradero, pues son obligados a esconderse debido al acoso sistemático de los oficiales de migración. Sus padres viven en el limbo, ya que la posibilidad de reunirse con ellos es incierta. La situación no es nueva, data de 2014, cuando la violencia se recrudeció en los países centroamericanos y la ola de inmigrantes se multiplicó por el incremento de quienes huían para, literalmente, salvar sus vidas.
El problema se ha recrudecido debido a la drástica política antinmigrante del gobierno del presidente Donald Trump, lo que parece olvidarse es que no sólo es responsable de esa estrategia bárbara, sino también el Congreso. Es más, muy probablemente la responsabilidad de este último sea mayor debido a la negligencia con la que ha actuado para aprobar una reforma migratoria que acabe con el dilema de los indocumentados.
Trump ha demostrado un día y el otro también su inconsistencia en las decisiones que toma; así lo hizo con el tema de los dreamers. Primero declaró que los protegería y exigió al Congreso una ley que apoyara su decisión, pero a las pocas horas cambió de parecer por la presión de sus compañeros de partido. Por eso es tan importante que el Partido Demócrata recupere el liderazgo en el Congreso Al parecer la única posibilidad de que eso suceda es en las elecciones de noviembre, cuando se renueve el Congreso. No hay de otra y esto lo deben entender todos aquellos que apoyan la causa de los migrantes, incluyendo las organizaciones que los protegen y que llaman a votar por los candidatos demócratas. De lo contrario, si no se revierte el dominio republicano en esas instituciones, la situación pudiera agravarse para los dreamers, sus padres y los migrantes indocumentados en general, e incluso para los que lo parezcan. Lo otro que parece más lejano es que Trump fuera retirado de su cargo.
Aunque, por el ejemplo de lo sucedido en España y si se toma en consideración distancia y diferencias, él y los primeros mandatarios de otros países debieran pensar en poner sus barbas a remojar. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a los gobiernos de las 32 entidades del país proporcionar seguridad a los usuarios del transporte público en 74 zonas metropolitanas de diversas ciudades, ya que “utilizar ese servicio se ha convertido en un asunto de terror porque bandas organizadas, con armas blancas y de fuego, asaltan a los pasajeros”.
En el dictamen aprobado, se destaca en las consideraciones que la seguridad en el transporte público no está plenamente garantizada, ya que los robos y asaltos son cada vez más recurrentes; muestra de eso son los hechos acontecidos en Puebla, Tlaxcala y Chiapas, donde hubo mil 341 asaltos durante 2017”, reveló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega.
Asimismo, se indica que en las zonas metropolitanas ha surgido en los últimos años un modus operandi del crimen organizado o de pandillas, que se dedican a despojar a los usuarios del transporte público de sus carteras y teléfonos celulares. “Los asaltos con y sin violencia se han vuelto un tema cotidiano en esas regiones”.
Los legisladores refieren que tan sólo en la zona metropolitana del Valle de México el índice delictivo que reportó la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México señala que en 2017 se denunciaron 769 robos con violencia y 3 mil 240 sin violencia en el transporte público.
Sin embargo, los legisladores aseveran que las cifras no muestran la totalidad de delitos que se cometen, ya que se debe considerar que muchos de estos ilícitos no se denuncian. “Uno de los grandes temores de los ciudadanos es abordar el transporte público, pues saben que en cualquier momento pueden ser asaltados.”
Y no se trata, explica el dictamen, de carteristas u otro tipo de delincuentes que actúan sin violencia, sino de bandas organizadas cuyo principal medio de ataque son armas blancas o armas de fuego, con las cuales cometen los asaltos y pueden causar lesiones de gravedad a los pasajeros o incluso privarlos de la vida.
Se detalla que además de que los robos y asaltos al transporte público son la constante, su funcionamiento se ha caracterizado por la saturación de rutas, la escasa capacitación de los operadores de las unidades, la irregularidad en el servicio y un parque vehicular obsoleto.
Ante ese panorama, la Comisión Permanente pidió a los gobiernos de las 32 entidades del país que pongan en marcha estrategias y acciones para que los usuarios cuenten con seguridad al momento de utilizar el transporte público y tengan la certeza de que rumbo a su destino no serán víctimas de actos delictivos.