Pendiente, declaración patrimonial de funcionarios

En días recientes algunos miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador que originalmente no habían incluido su declaración patrimonial y de posible conflicto de interés, añadieron ambos aspectos en la información que enviaron al portal oficial Declaranet.

Entre ellos figura el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, quien hace unos días había preferido no incluir esos datos en su declaración pública.

Aunque en esta ocasión ya los dio a conocer, sólo lo hizo parcialmente, pues en el rubro de bienes inmuebles solicitó dejar fuera el valor de las operaciones registradas y la moneda en la que se hicieron.

De igual forma, Scherer Ibarra optó por no incluir el saldo de sus inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.

Hay también otros funcionarios cuyos datos finalmente aparecieron en Declaranet, luego de varios días en que estuvieron ausentes de dicho portal, a pesar de que ya se encontraban ejerciendo formalmente sus labores.

Es el caso de la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, quien dio a conocer tanto sus bienes como su posible conflicto de interés, y reportó ganancias mensuales de 183 mil 292 pesos, contando su sueldo como funcionaria y sus actividades por servicios profesionales.

Sin embargo, aún hay integrantes del gabinete que su nombre no aparece en el portal diseñado para conocer el patrimonio de todos los servidores públicos. Entre ellos están Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Hay otros funcionarios que han optado por no revelar su patrimonio ni el posible conflicto de interés, a pesar de las afirmaciones de López Obrador de que todos sus colaboradores estarían obligados “moralmente” a hacerlo para continuar trabajando en el actual gobierno federal.

Entre ellos figuran los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco. En las declaraciones de los tres se puede leer textualmente: “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” y (escrito en primero persona) “No estoy de acuerdo en hacer público mi conflicto de interés”.