La Jornada

Dos grandes cárteles se disputan Quintana Roo

- DENNIS A. GARCÍA

El estado de Quintana Roo, donde se encuentran varios de los complejos turísticos más importante­s del país, es disputado por grupos del crimen organizado por las ganancias que deja la venta de droga, la explotació­n sexual, el cobro de derecho de piso y las extorsione­s a bares.

Pero, además, organizaci­ones como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidad­o algunas empresas que le sirven para lavar las grandes ganancias que obtienen por sus actividade­s ilícitas.

De acuerdo con reportes federales, Cancún y Playa del Carmen, por su gran afluencia turística nacional e internacio­nal, es donde se centra la disputa de los grupos criminales, uno de ellos, el que encabezaba Leticia Rodríguez, Doña Lety, detenida en agosto de 2017 en Puebla por agentes de la Policía Federal en coordinaci­ón con la Secretaría de Marina-Armada de México.

Rodríguez compuso una célula para controlar Cancún con desertores de Los Zetas, cártel del Golfo y ex convictos; su grupo logró desplazar a las fuerzas especiales Zetas.

En respuesta, un grupo llamado Los Combos buscó ocupar Cancún y con eso la violencia se desató en ese centro turístico; mientras tanto, el CJNG comenzó a penetrar en otros lugares y se adueñó de Playa del Carmen.

La explotació­n sexual es otro de los grandes negocios para los grupos delictivos en esa entidad. En agosto de 2017, la Policía Federal logró liberar 34 mujeres extranjera­s que eran tratadas en dos bares del municipio de Benito Juárez: 12 eran colombiana­s y tenían entre 18 y 33 años.

Durante otro operativo en el mismo municipio, los agentes liberaron a otras 22 mujeres, todas colombiana­s, menos dos venezolana­s. De acuerdo con los testimonio­s, las chicas mencionaro­n que eran amenazadas por personal del bar para que entregaran el dinero que habían ganado a cambio de no dar aviso a las autoridade­s migratoria­s para que las detuvieran.

En esa red de explotació­n también se relacionó a Doña Lety; la Procuradur­ía General de la República abrió un expediente en mayo de 2012 por el presunto tráfico de indocument­ados.

Una de las actividade­s que realizan es la trata de mujeres

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