Wola: la Guardia Nacional perpetuaría la impunidad
ONG presenta casos representativos de abusos militares
La creación de la Guardia Nacional podría perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, estrategia que no ha disminuido la violencia en el país y, por el contrario, ha propiciado un incremento en la crisis de impunidad y violaciones a los derechos humanos.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) y el colectivo #SeguridadSinGuerra presentaron por separado varios casos de abusos en los que han incurrido militares y marinos en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y señalaron los riesgos que para las garantías ciudadanas implicaría mantenerlos en labores de seguridad pública con aval constitucional.
Maureen Meyer, directora para México y los Derechos de Migrantes de Wola, subrayó que es preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté determinado “a profundizar la militarización de la seguridad pública que ha marcado las políticas de seguridad en el país durante más de dos décadas”.
En un artículo difundido por la agrupación, Meyer señala que la presencia de los militares en las calles ha generado graves violaciones a las garantías fundamentales. De 2007 a 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 148 recomendaciones contra las fuerzas armadas por casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, uso ilegal de la fuerza, entre otros abusos.
En el informe Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, elaborado por Wola, se acreditó que la utilización de entrenamiento militar de los efectivos que participan en las tareas de se- guridad pública “han tenido graves consecuencias”.
Meyer remarcó que “las autoridades civiles tienen un pobre historial en lo que respecta a la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Estadísticas oficiales muestran que entre 2012 y 2016, 96.8 por ciento de los abusos militares investigados por la Procuraduría General de la República permanecieron impunes”.
De su lado, el colectivo #SeguridadSinGuerra expuso en redes sociales cuatro casos emblemáticos: los hechos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, donde 12 de 22 personas que perdieron la vida fueron ejecutadas extrajudicialmente; la detención arbitraria, tortura y asesinato de siete jóvenes el 7 de julio de 2015 en Calera, Zacatecas; la muerte por el uso excesivo de la fuerza durante un operativo en la comunidad de Ostula, Michoacán, el 19 de ese mismo mes, y la ejecución extrajudicial de dos personas que ya estaban rendidas durante un operativo contra el robio de combustibles en Palmarito, Puebla, el 3 de mayo de 2017.