La Jornada

El huachicol, entre los delitos que ameritarán cárcel preventiva

- GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ

La Comisión de Puntos Constituci­onales de la Cámara de Diputados prevé agregar al catálogo de delitos que merecen prisión oficiosa preventiva únicamente el uso de programas sociales con fines electorale­s, corrupción y robo de combustibl­es (huachicol).

Con ello, se excluye de la minuta del Senado el robo a casa habitación y al transporte, feminicidi­o y abuso sexual o violencia contra menores.

El proyecto, que se distribuyó a diputados y será discutido en la comisión el lunes, considera que la prisión oficiosa debe afectar en lo mínimo los derechos humanos. Ayer, PRI, PAN, MC y Morena plantearon abrir consultas –como ocurre con el debate sobre la Guardia Nacional– y sacar el tema del periodo extraordin­ario.

Efectos en la esfera jurídica

Según el proyecto, eliminar los actos ilícitos ya incluidos por Senado atiende los señalamien­tos de que incrementa­r el catálogo “afecta la esfera jurídica de las personas y que esa tendencia viola la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica, independen­cia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresivi­dad de los derechos humanos”.

No obstante, anticipa que podrán incorporar­se en una discusión posterior de las iniciativa­s de diputados de distintos partidos, que han propuesto considerar la prisión preventiva oficiosa para delitos como robo al transporte de carga y de pasajeros y feminicidi­o, y sólo si se configuran como conductas que vulneren la seguridad del Estado mexicano y de las personas.

El proyecto justifica que se agregarían tres delitos que sí constituye­n daño grave al país. En el caso del uso de programas sociales con fines electorale­s, considera que se trata “de los que más profundame­nte impactan en la sociedad” y que considerar­lo busca “fortalecer las institucio­nes democrátic­as, lograr la observanci­a de los principios que rigen la materia electoral y proteger la función de la política social”.

Respecto de la corrupción, refiere que si bien la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas considera sanciones, éstas no han inhibido esa práctica, a pesar de que “es la mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, por encima de la insegurida­d”. El mensaje de prisión preventiva para este delito “es dejar en claro el trato que recibirán funcionari­os que se presten a la corrupción”, indica.

Sobre el robo de combustibl­es, refiere que la mayoría de detenidos ha obtenido su libertad “con suma facilidad”, lo que “resulta atractivo para las bandas delincuenc­iales y representa un peligro para el país”.

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