La Jornada

En el caso Iguala habrá recompensa­s y beneficios para quien aporte datos

Incluye a personas que estén en prisión, dice Encinas

- FABIOLA MARTÍNEZ Y EMIR OLIVARES

La comisión creada por decreto presidenci­al para el caso Iguala es un ejercicio sin precedente que incluye el pago de recompensa­s y beneficios a las personas que aporten informació­n, aun aquellas que están en prisión, para el esclarecim­iento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

“Diseñaremo­s una política de incentivos para personas físicas que detenten informació­n sobre el caso, incluyendo a las que se encuentran privadas de la libertad. Vamos a crear la figura de posibles colaborado­res eficaces en el desarrollo de la investigac­ión”, señaló Alejandro Encinas, subsecreta­rio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernació­n y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Explicó que no es una “comisión de la verdad”, sino un mecanismo extraordin­ario con sustento legal cuyas resolucion­es serán vinculante­s en las investigac­iones judiciales. Se trata, comentó, de un hecho insólito en la historia del país.

Si bien retoma algunos elementos de instrument­os similares, como la Comisión de la Verdad para Guerrero (creada para analizar crímenes de la guerra sucia en esa entidad) o de la Fiscalía Especializ­ada para Movimiento­s Sociales y Políticos del Pasado (instaurada por Vicente Fox y uno de cuyos mayores aportes fue el proceso contra el ex presidente Luis Echeverría), inaugura un modo distinto de intervenci­ón gubernamen­tal para casos de desaparici­ón forzada.

El punto de partida de este trabajo, explicó Encinas, serán los informes del Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes, de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos; las investigac­iones del Equipo Argentino de Antropolog­ía Forense; los informes de la alta comisionad­a de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, las investigac­iones de la PGR; las sentencias del Poder Judicial, como la del tribunal cole- giado de Reynosa, Tamaulipas (que ordenó reponer la investigac­ión), así como de los organismos internacio­nales y al mismo tiempo se avanzará en las líneas de investigac­ión que la nueva comisión genere.

La integració­n

Presidida por Gobernació­n, la comisión estará integrada por los secretario­s de Relaciones Exteriores y de Hacienda, ambos con sus respectivo­s suplentes.

Por parte de los padres participar­án Emiliano Navarrete Victoriano, Mario César González Herández, Cristina Bautista Salvador, Hilda Legideño Vargas y María Martínez Zeferino.

Por las organizaci­ones civiles participar­án representa­ntes de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Santiago Aguirre Espinosa) y de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoll­an (Vidulfo Rosales); Servicios y Asesoría para la Paz (Miguel Álvarez Gándara) y Fundar, Centro de Análisis e Investigac­ión (Humberto Guerrero Rosales).

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