Advierten que el Conavim no cuenta con recursos idóneos para cumplir su función
A nueve años de la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que “se impulsó con el objetivo de coordinar las acciones a escala federal y local” en la materia; “a la fecha, la protección y garantía de los derechos de las mujeres no ha sido una prioridad de Estado”, acusó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“Contrario a ello, la agenda de las mujeres ha quedado en el desamparo, poniendo en riesgo la vida e integridad de niñas y mujeres a lo largo y ancho del país. Irresponsablemente, las políticas públicas en la materia, han sido reducidas al discurso”, expuso.
Ante este panorama, demandó una #Conavimquesirva y su fortalecimiento “con los recursos humanos y materiales idóneos para cumplir de manera efectiva la encomienda de su creación”.
Además, exhortó al gobierno federal a que la titular de la comisión sea “una mujer experta y com- prometida en la materia, que sepa construir consensos que favorezcan la adecuada implementación del mecanismo de alerta de violencia de género, que esté a la altura para enfrentar la problemática de violencia feminicida” y que pueda ser “garantía de un avance sustancial”.
El OCNF, integrado por 43 organizaciones de diversos estados del país, señaló que actualmente 18 de las 32 entidades federativas, es decir, 56 por ciento del territorio nacional, se encuentra formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), siendo los estados de mayor preocupación: Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el estado de México”.
A pesar de lo anterior, añadió, “no se han atendido las causas estructurales de la violencia contra las mujeres a escala nacional y tampoco se ha implementado un mecanismo que dé seguimiento puntual a la implementación efectiva y eficaz de las recomendaciones para revertir la situación y los contextos de violencia feminicida”.
Un ejemplo, señaló, es el estado de México, en donde a tres años de la declaratoria de AVG, sigue pen- diente realizar un dictamen de evaluación que sustituya a los informes estatales, pues éstos “no reflejan las estrategias definidas para atender tan compleja problemática, ni los objetivos específicos”.
El OCNF pidió al gobierno “el desarrollo de mecanismos institucionales rectores a escala federal que, de forma permanente y sistemática, realicen un verdadero ejercicio de planeación estratégica, monitoreo y evaluación de todas las AVG, y demás acciones que emprendan para garantizar y proteger los derechos de las mujeres en México”.