Acreditan violación a los derechos humanos de 971 indígenas desplazados de Chenalhó
Autoridades municipales y estatales de Chiapas violentaron los derechos humanos de 971 indígenas tzotziles de Chenalhó, 470 de ellos menores de edad, quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en mayo de 2016 debido a un conflicto comunitario que devino en la destitución de la entonces presidenta municipal.
Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 90/2018 sobre el caso que fue dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y a los presidentes municipales de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos.
Tras sus investigaciones, el organismo documentó que se vulneraron los derechos a la seguridad personal, a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la propiedad, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a educación, al trabajo, a atención médica y protección a la salud, de acceso a la justicia por inadecuada procuración de la misma y al interés superior de la niñez.
Las acciones y omisiones de las autoridades estatales y municipales “no garantizaron seguridad pública (a los agraviados) ni previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos, y tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales”.
El 25 de mayo de 2016, dos inte- grantes del Congreso de Chiapas fueron retenidos por habitantes de Chenalhó para exigir la destitución de la entonces presidenta municipal, por inconformidades con su administración; la funcionaria presentó su renuncia ante los congresistas y pese a ello vecinos amenazaron con quitarle la vida, por lo que huyó de la región.
Al día siguiente, pobladores acudieron a la cabecera municipal a presenciar la toma de protesta del sustituto, pero se dieron desacuerdos y enfrentamientos armados en ese lugar y otras localidades entre simpatizantes de la depuesta munícipe y de su sucesor, dejando dos personas muertas.
Debido a las agresiones, amenazas y destrucción de diversos bienes, los 971 indígenas a los que se refiere la CNDH se vieron obligados a abandonar sus propiedades.