Sigue paro de empleados de la FGE; exigen pago de bono y alza salarial
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) se mantienen en paro de labores por segundo día para exigir el pago del bono de riesgo y alza salarial de 50 por ciento. Todas las oficinas de la fiscalía en esta capital permanecieron cerradas, al igual que la mayoría en otros puntos de la entidad.
El representante de los inconformes, Jesús Castrejón de la Cruz, denunció que ni el fiscal Jorge Zuriel de los Santos, ni el gobernador Héctor Astudillo Flores han querido resolver el pago del bono de riesgo o viáticos, retroactivo al 7 de junio de 2017, que asciende a 7 mil 500 pesos mensuales para más de mil 500 empleados en la entidad.
Precisó que en el paro de labores participan a nivel estatal agentes del Ministerio Público, de la policía ministerial y peritos que ya fueron certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Refirió que solicitan alza salarial de 50 por ciento, debido a que desde hace nueve años no han recibido ningún aumento y “sólo le pedimos al gobernador Astudillo Flores que cumpla con la promesa que hizo el 7 de junio de 2017”.
En Acapulco, Guerrero, profesores de preparatorias populares marcharon en la costera Miguel Alemán para exigir a diputados del Congreso local que el pago de la plantilla laboral de este subsistema –no reconocido por autoridades educativas de forma oficial–, se haga mediante un sistema de nómina para que el dinero no sea entregado a través de los directores, a quienes acusaron de robarse los recursos.
Los manifestantes pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que las preparatorias populares sean tomadas en cuenta de manera formal como un subsistema educativo, pues explicaron que hay 108 planteles de este tipo, los cuales han estado en el olvido por más de 25 años a los que asisten actualmente 12 mil 274 alumnos y laboran unos 4 mil 300 profesores.
Protesta en Izcalli
En Cuautitlán Izcalli, estado de México, trabajadores del Desarrollo Integral de la Familia municipal protestaron frente a la alcaldía y cerraron cuatro estancias infantiles para exigir al edil, Ricardo Núñez Ayala, el pago de aguinaldos y salarios de la primera quincena de enero.