Congreso replanteará la concesión de parquímetros; pide liberación de recursos
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino solicitará al gobierno local liberar los recursos generados por el cobro en los parquímetros en el periodo 2016 -2018 que corresponden a 30 por ciento destinado a proyectos de movilidad o infraestructura urbana.
El proyecto de dictamen a un punto de acuerdo que se presentó en el pleno el pasado 11 de diciembre, señala que vecinos de las colonias Anzures, Polanco y Lomas de Chapultepec, así como autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, refieren que solamente los recursos que corresponden al polígono de la demarcación ascienden a unos 300 millones de pesos.
La presidenta de dicha comisión, Gabriela Salido Magos, del PAN, explicó que al planteamiento original del exhorto se agregó solicitar a las secretarías de Administración y Finanzas, así como a la de Movilidad del gobierno capitalino que también sean liberados recursos de los servicios de Ecoparq, en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón que no se ejercieron en el ejercicio fiscal 2018.
Agregó que al punto se añadió además pedir que se convoque a los comités de transparencia de cada uno de los polígonos a reuniones con los comités vecinales de las colonias que los integran, que sean públicas y en las que participe la Comisión para tener claridad sobre la aplicación de los recursos.
La reunión de la comisión, convocada la tarde de ayer para aprobar el dictamen, debió cancelarse por falta de quórum, pese a que la convocatoria para los demás diputados que la integran se hizo con 24 horas de anticipación.
La legisladora se manifestó por revisar los permisos administrativos temporales revocables (PATR) que tienen los concesionarios de dichos dispositivos de cobro, no sólo para determinar la forma como fueron asignados, sino para evaluar que la contraprestación que se estableció es la más conveniente para la ciudad y, en su caso, mejorarla.
Sin embargo, advirtió que los PATR de los parquímetros no están entre los peores, como es el caso de los que se otorgaron en la pasada administración para la explotación comercial de bajopuentes, en los que el único beneficio que se fijó a los concesionarios es en especie y consiste en el equipamiento, con- servación y mantenimiento de las misma áreas comerciales y públicas de la zona sobre la que obtienen el usufructo.