Detectan irregularidades en programas de la Prosoc
En 2017 y 2018 destinó recursos con fines político-clientelares: titular
En los pasados dos años el programa de rescate de unidades habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México fue utilizado de manera clientelar y se presume desvío de recursos, señaló la titular de la Procuraduría Social (Prosoc) capitalina, Patricia Ruiz Anchondo.
Al presentar la estrategia que se implementará este año para la atención de 2 mil 208 conjuntos habitacionales, señaló que en las gestiones de 2017 y 2018 de la dependencia se han detectado irregularidades, como destinar apoyos económicos a unidades que no son de interés social o para obras que realmente no son necesarias.
Asimismo, dijo, se encontró que en esos años a todas las unidades habitacionales se les autorizó una ampliación de recursos, por lo que tenemos “sospechas de que algo estaba ocurriendo; había una especie de desvío de recursos. A todas se les ampliaba el presupuesto”.
Ante esta situación, Ruiz Anchondo dijo que se realizará una auditoría no sólo al programa de unidades habitacionales, sino a diversas áreas de la Prosoc, pues “se destinaban los recursos con fines políticos y clientelares”.
En cuanto al Programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales de Interés Social que implementará este año, señaló que se destinarán 240 millones de pesos, con los que se intervendrán 2 mil un conjuntos habitacionales reconstruidos a raíz del sismo de 1985, la mayoría de los cuales no habían recibido atención, así como los 207 que están en el padrón de la procuraduría.
Las alcaldías que más recursos recibirán son Iztapalapa, Coyoacán y Venustiano Carranza, y los trabajos incluyen rehabilitación de infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, así como de escaleras, calles, andadores, equipamiento urbano, sistemas de seguridad, herrería, impermeabilización y pintura, entre otros.
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se regulará la entrega de ayudas y apoyos sociales por medio de las llamadas “acciones institucionales“, utilizadas principalmente por los gobiernos de las demarcaciones para evitar su uso clientelar.