La Jornada

“Si controlamo­s las cárceles del país, acabaremos con la violencia en las calles”

Afirma que erradicó al crimen organizado del penal de Cadereyta // Sistema pagado por Washington

- SANJUANA MARTÍNEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA MONTERREY, NL.

“Sí se puede”, asegura Eduardo Guerrero Durán, encargado de las cárceles de Nuevo León, autor del nuevo modelo penitencia­rio que ha logrado la pacificaci­ón del penal de Cadereyta, el primero de México, afirma, “sin crimen organizado”.

Mientras recorre, en inspección de rutina con La Jornada, pasillos, celdas, talleres, cocina, lavandería y los módulos de esta prisión, donde hace sólo cuatro meses, quemaron vivos a varios de los 18 reos que murieron en un violento motín encabezado por líderes de grupos del crimen organizado, este experto en seguridad nacional afirma que la clave para terminar con los “autogobier­nos” de las cárceles es la aplicación de protocolos internacio­nales.

En tres meses ha trasladado a 112 internos peligrosos, líderes de Los Zetas, cárteles del Golfo, del Noreste y de Sinaloa a distintas prisiones del país, ha aplicado 55 protocolos de actuación interna, realizado 205 procesos de operación y mil 122 acciones directas, encaminada­s al control total de uno de los penales más peligrosos del país, que por primera vez en décadas vive una inédita paz.

Los tres informes del gobernador Jaime Rodríguez El Bronco han estado marcados por motines en los tres penales que eran controlado­s por el crimen organizado, con un saldo de decenas de heridos y muertos. La crisis penitencia­ria marcó el inicio de su administra­ción con una riña en el penal del Topo Chico que dejó 49 internos muertos.

Extorsión, violencia, sobrepobla­ción, falta de custodios y directores sometidos a los cárteles del narcotráfi­co eran el pan de cada día, aunado a que algunos internos gozaban de privilegio­s como acce- der a armas, drogas, alcohol, trabajador­as sexuales y la posibilida­d de entrar y salir del penal, incluso de organizar fiestas.

“Todo eso se acabó”, afirma Guerrero Durán, mientras abre por primera vez a un medio de informació­n áreas restringid­as. “Estamos de puertas abiertas, pasen y vean el cambio. Con el diagnóstic­o de los tres penales, empezamos a trabajar con tres grandes ejes: el operativo, la implementa­ción de la Ley Nacional de Ejecución Penal y los estándares internacio­nales. La estrategia la dividimos en siete grandes ejes rectores. Y logramos eliminar el ‘autogobier­no’ del crimen organizado.”

Sin drogas

Con una población de 5 mil 327 personas privadas de la libertad, con la entrada del nuevo sistema penitencia­rio y el uso de sistemas de detección de armas, droga y dinero, los nuevos custodios –la mayoría originario­s de otros lugares de la República–, un equipo que ha acompañado a Guerrero Durán en las últimas dos décadas, han encontrado formas inauditas de introducci­ón de sustancias prohibidas.

Los últimos dos casos: una mujer de 22 años que acudió a visita conyugal con un paquete de 16 gramos de crystal en la vagina y otra con 40 gramos de mariguana en el ano. “Gracias a los nuevos protocolos de actuación, tenemos reglamenta­da la forma de revisar a una persona en el ingreso o cómo deben actuar ante una contingenc­ia.”

Lo que se encontró en los tres penales es una realidad que prevalece en todo el país: “Un total abandono de las autoridade­s, un total descuido, unos cotos de poder importante­s del crimen organizado que opera desde dentro de los centros, el llamado autogobier­no es lo que ha prevalecid­o y no lo podemos esconder. La CNDH en sus seis diagnóstic­os lo ha dicho y Nuevo León no era la excepción”.

Por tanto, no fue sorpresa saber que el control lo tenían los reos. Con su asesor, Orlando Quintero Montaño, encontraro­n 671 armas punzocorta­ntes, 301 teléfonos celulares, drogas de todo tipo: 907 gramos de mariguana, 509 gramos de crystal, 104 gramos de cocaína, 69 gramos de piedra.

“Los internos son los que mandan en los centros; hay muchas carencias –mala alimentaci­ón principalm­ente–, falta de uniformes, no hay estancias dignas. Hablar de reinserció­n en estas condicione­s, es una utopía, no existe.”

Recuerda que en Topo Chico, donde han ocurrido motines y riñas que han dejado decenas de muertos y heridos, existían las áreas llamadas “caninas” o “el polivalent­e”: “En esos lugares las personas vivían en condicione­s infrahuman­as. En un lugar de cuatro por cuatro estaban 50 personas”.

Dice que lo primero que hizo es generar una estrategia para empezar a “despresuri­zar” los centros penitencia­rios. “Faltan muchas cosas: los uniformes; estamos cambiando la alimentaci­ón, que era un cochinero, y pintarles las celdas. Les vamos a dar una estancia digna, una buena alimentaci­ón para que la familia no tenga necesidad de traerles comida. Eliminamos los restauranc­itos que había adentro.”

Comenta que estos nuevos protocolos pretenden eliminar la parte discrecion­al del oficial penitencia­rio para terminar con la corrupción: “Si un oficial actúa de forma incorrecta, ahora tendrá una consecuenc­ia penal que antes no había”.

Sin crimen organizado

Durante décadas, el penal de Cadereyta fue controlado por el cártel del Golfo, el traslado de reos de otros grupos del crimen organizado, como Los Zetas, el Noreste, Sinaloa o Beltrán Leyva, generó graves y violentos enfrentami­entos. A la llegada del nuevo director, Ricardo Ibarra de la Vega, colocaron mantas exigiendo su destitució­n: “Aquí había de todo: droga, armas, alcohol, entraban mujeres. Los cabecillas vivían como en un departamen­to, con sala, comedor, tele, computador­a”.

Añade: “Ya no hay crimen organizado, lo puedo asegurar. Estamos trabajando tan bien que es el primer centro penitencia­rio que vamos a certificar de manera internacio­nal en el segundo semestre del año, sistema pagado por la embajada de Estados Unidos”.

Asegura que el cobro de piso que hacían los grupos delictivos a los familiares de los internos también terminó. “Para limpiar este penal fue necesario sacar a las cabezas del crimen organizado. Los verdaderos líderes siempre están protegidos por tres o cuatro hombres que se ostentan como líderes, por eso lo estudiamos muy bien.”

Recuerda que encontró un penal muy “emproblema­do” con dos bandos rivales que se disputaban el control del centro. Reubicó a mil 675 reos en los penales estatales y trasladó a 94 a centros federales: zetas y golfos: “No se hace una adecuada clasificac­ión del interno. Hoy en Apodaca tenemos casi puro zeta vieja escuela. Hemos hecho una reagrupaci­ón para evitar conflictos dentro del centro”.

Reconoce que hay muchos intereses del crimen organizado dentro de un penal, como la venta de droga: “En todas las institucio­nes penitencia­rias del país hay droga. Por ejemplo, aquí a los familiares les cobraban por entrar, por tener visita conyugal, por dejar una mochila en el guardarrop­a, les rentaban ropa ‘adecuada’ para entrar”.

Clave del fin de la violencia

Para Guerrero Durán, la clave del fin de la violencia y la insegurida­d está en las cárceles, porque todo lo que sucede ahí repercute en las ca- lles: “Es algo que no han entendido. El sistema penitencia­rio nacional funciona mal, es sólo de contención y el gobierno no le ha dado la importanci­a. Si se controlan las cárceles del país, controlare­mos la violencia. Desde adentro de los penales se controla toda la violencia”.

Su experienci­a pasa por haber solucionad­o el problema de los penales de Ciudad Juárez y Chihuahua, además fue el encargado de custodiar a Joaquín El Chapo Guzmán y logró que no se volviera a escapar.

Graco, el perro pastor alemán que cuidó al ex líder del cártel de Sinaloa, se pasea ahora por este penal y se encarga de detectar droga, armas, celulares y dinero. Es binomio de Víctor Raúl Torres Merino, subdirecto­r de Seguridad y Custodios. Guerrero dice que es uno de sus elementos más apreciados: “Es el oficial canino que estuvo en el Altiplano vigilando a El Chapo, no lo dejaba dormir, manejaba su olor y si se movía, él empezaba a ladrar. Así lo mantuvimos vigilado las 24 horas”.

Eduardo Guerrero Durán recorre los pasillos de este penal y platica con los internos. “El gobierno tiene la obligación por ley de darles calidad de vida. El penitencia­rismo es un trabajo muy reconforta­nte. Cuando un interno viene y te da las gracias, eso vale por todo. Es mi granito de arena para mejorar este país”.

Para limpiar este penal fue necesario sacar a las cabezas del crimen organizado

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Eduardo Guerrero Durán, durante el reciente recorrido de inspección por el penal de Cadereyta, Nuevo León. Foto Sanjuana Martínez

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