Con la Guardia Nacional el Estado “privilegia la muerte de enemigos”

Poner un mando castrense al frente representa un riesgo, insiste Jan Jarab

Sorprende que el Estado mexicano insista en fortalecer una lógica militar que privilegia la muerte de quienes considera “enemigos”, en lugar de reconocer sus garantías individuales, comenzando por el derecho a la vida, planteó la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Preocupado ante el riesgo que la militarización de la seguridad pública se eleve a rango constitucional, el titular de esa oficina en el país, Jan Jarab, ha comparecido en tres ocasiones ante el Congreso de la Unión (dos en la Cámara de Diputados y la más reciente el lunes pasado en el Senado), donde ha insistido en el error y los riesgos de crear una Guardia Nacional con carácter militar.

También entregó a los legisladores un documento técnico en el que delinea varios argumentos basados en el derecho internacional sobre las garantías individuales, y las violaciones en las que México incurriría a escala global en caso de aprobar la creación de la Guardia Nacional en los actuales términos de la minuta que se discute en el Senado y los eventuales peligros para los derechos humanos.

Este lunes se prevé que se elabore el dictamen de la minuta de la Guardia Nacional en el Senado, el cual se discutirá en el pleno el jueves de esta semana.

En el documento técnico presentado por Jarab, se hace énfasis en que la Guardia Nacional estaría integrada mayoritariamente por elementos de las fuerzas armadas y mantendría un mando militar, lo que deriva en la militarización de la seguridad pública.

“Para la ONU-DH, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe estar sujeta a un régimen estricto de temporalidad (como también lo han planteado otros organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia contra México), pues ésta es de cáracter excepcional por corresponder a autoridades civiles la responsabilidad en materia de seguridad pública.”

Además, señala, dicha actuación “debe ser evaluada permanentemente”. Lamenta que el actual proyecto no establezca criterios claros para dicha temporalidad.

Una más de sus preocupaciones es la referente a las facultades de investigación que se pretende otorgar a la Guardia Nacional, pues en el actual régimen constitucional esas acciones corresponden exclusivamente a la autoridad civil.

“La posibilidad de que elementos de las fuerzas armadas realicen tareas como la ejecución de órdenes de aprehensión, entrevistas a víctimas y testigos, además de aseguramiento de bienes, entre muchas otras que lleva a cabo la policía en su labor de investigación del delito, conlleva una clara violación al derecho al debido proceso de aquellas personas presuntamente involucradas en un hecho delictivo, la vulneración de su derecho a la libertad personal y podría comprometer su derecho a la integridad”, agrega ese organismo de las Naciones Unidas.

En el análisis técnico, Jarab también advierte que la jurisdicción militar ha carecido de independencia e imparcialidad para juzgar a los elementos castrenses que han violado derechos humanos, generando impunidad.

Critica además que se abra la posibilidad de detener a presuntos sospechosos en instalaciones militares, cuando instancias nacionales e internacionales han documentado que estas sedes se han convertido en espacios para prácticas de tortura y otros malos tratos.