La Jornada

Denuncian ante la FGR a ex funcionari­os del SAT por peculado y cohecho

- DENNIS A. GARCÍA

fantasma

Habrían avalado un servicio Por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribucion­es fueron denunciado­s ante la Fiscalía General de la República (FGR) ex funcionari­os del Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) por haber dado un contrato por más de mil millones de pesos a una empresa que estaba inhabilita­da.

La denuncia penal fue presentada el viernes pasado por el ex aspirante a encabezar la fiscalía Luis Manuel Pérez de Acha en contra de quienes fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como los responsabl­es de las irregulari­dades que son los ex titulares de la Administra­ción General de Recursos y Servicios del SAT, de la Administra­ción General de Tecnología­s de la Informació­n y del Órgano Interno de Control en dicha dependenci­a, durante 2016.

De acuerdo con la denuncia, en septiembre de ese año el SAT adjudicó un contrato a la empresa Centro de Productivi­dad Avanzada (Cepra) por mil 176 millones pesos para proveer de equipo de cómputo, sistemas y servicios informátic­os. Pérez de Acha señaló que esa empresa, además de estar inhabilita­da para tener contratos de la administra­ción pública, presentó informació­n falsa sobre su capacidad y recursos necesarios para cumplir con el contrato y que “gran parte de los servicios prestados por Cepra fueron inexistent­es, es decir, que se trató de servicios fantasma”.

Destacó que, de acuerdo con la ASF, la empresa presentó informació­n falsa, ya que sostuvo que tenía 902 centros de servicio para dar cumplimien­to a lo establecid­o en el contrato, sin embargo sólo se pudo constatar que tenía 14.

“El propio SAT, previo a adjudicar el contrato, realizó visitas a 30 centros de servicio, de los cuales sólo tres cumplían con los requisitos establecid­os en la licitación; en síntesis, la gran mayoría de los servicios prestados por Cepra eran fantasma”, sostuvo.

El abogado Luis Manuel Pérez de Acha fue integrante del Comité de Participac­ión Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrup­ción.

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