Busca gobierno desarticular autodefensas cooptadas por el crimen organizado
En siete entidades, la mayor presencia de esos grupos que operan al margen de la ley
La reducida capacidad de las policías estatales y municipales para garantizar la seguridad pública originó el surgimiento de grupos de autodefensa o policías comunitarias que fueron financiados por las mismas comunidades o incluso por los gobiernos locales; ahora, muchos de ellos sirven al crimen organizado.
Ante tal situación, el gobierno federal prepara una estrategia para desarticular esos grupos que han tenido que asumir las funciones que corresponden a las autoridades y que operan fuera del marco legal.
A finales de enero, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo en Guerrero que algunas de esas organizaciones se han convertido en grupos paramilitares al servicio del crimen organizado, por lo que anunció que habrá un plan para restituir la presencia del Estado y la responsabilidad de la seguridad pública para recuperar el control territorial en todo el país.
De acuerdo con datos de las dependencias federales, además de Michoacán y Guerrero –estados con mayor presencia de grupos de autodefensa–, las entidades donde han surgido organizaciones civiles que asumen funciones de seguridad fuera de la ley son: Morelos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y estado de México.
Gobierno de Ángel Aguirre les dio financiamiento
Desde 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, el gobierno de Guerrero financió con dinero, vehículos blindados y armas de grueso calibre a las organizaciones civiles para que se encargaran de la seguridad en sus localidades.
En su Informe especial dobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en Guerrero, la CNDH indicó que de enero a junio de 2013 el gobierno estatal entregó poco más de 11 millones de pesos para su operación a dos organizaciones principalmente: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que se benefició con 6 millones, y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, con 5 millones; además, comprometió la entrega de 200 fusiles AR-15, mil 200 uniformes y tres camionetas.
Dos años después, el organismo presentó otro informe especial sobre las autodefensas en Michoacán en el que detalló que en 33 municipios, de 77 que visitaron, había presencia de grupos civiles armados.
Los datos con que cuentan las autoridades relacionan a algunos integrantes de esos grupos –que operaron primero como guardias comunitarias o grupos de autodefensa– con células de las dos organizaciones criminales que predominan en esos estados: el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras.