Sin prestaciones, cuatro de cada 10 trabajadores
Cuatro de cada 10 trabajadores no tienen ninguna prestación de ley, al tiempo que la desocupación se ha acentuado entre los grupos de población con mayor nivel educativo. Además, los pasados seis años, periodo en el que oficialmente se creó más empleo, se caracterizaron por la flexibilización de las condiciones laborales, revelan cifras del gobierno y opinan expertos.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se crearon 4 millones 162 mil 990, “récord para un periodo similar”, en palabras del ex mandatario, y casi el doble de los 2 millones 313 mil 622 generados en el periodo de Felipe Calderón, quien se nombró “el presidente del empleo”.
No obstante, al cierre del año pasado 38 por ciento de quienes trabajaban no tenía acceso a ninguna prestación de ley. Además, 13 millones 328 mil 173 empleos subordinados no contaban más que con el sueldo convenido y el número de desocupados con mayor nivel de estudios aumentó: la mitad de los que integran la tasa total de desempleo tienen bachillerato y educación superior, el nivel más alto registrado. Tampoco se ven los efectos de reducir la brecha laboral entre mujeres y hombres, según cifras oficiales.
De acuerdo con José Nabor Cruz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “hay más factores negativos que se pueden rescatar de la reforma laboral” de febrero de 2012. Destaca la flexibilización de las contrataciones mediante outsourcing, que elimina el vínculo directo entre el trabajador y la empresa para la que se prestan servicios.
“El número que ha ido aumentado es el de trabajadores que son contratados bajo la figura de tercerización y que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabiliza como nuevos empleos. Éstos inmediatamente van al rubro de trabajos informales, porque no cuentan con muchos beneficios de seguridad social”, indicó.
Expuso que si bien dicha figura tiene el objetivo de generar mayor movilidad laboral, en el caso de México lo primero que debió atenderse es el trabajo precario, que ya dominaba antes de la reforma, y mejorar las prestaciones sociales. De otra manera, a la larga, implicará presión para las finanzas públicas, cuando el bono demográfico llegue a su fin. Actualmente, cuatro de cada 10 desempleados tienen entre 20 y 29 años de edad.
Otro de los mayores pendientes, dijo el investigador, es el tema salarial. Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los pasados seis años hubo un incremento de 46.05 por ciento al miningreso, pero los efectos de la inflación implicaron que en términos reales éste se apreciara apenas 27.80 por ciento. Con ello, la diferencia entre lo que se dice incrementar al sueldo y su valor pasó de 8.20 pesos en 2012 a 21.52 en 2018.
Esa situación se agrava en el caso de todas las personas que no están dadas de alta ante el IMSS. Dos de cada tres personas ganaron me- nos de tres salarios al día en 2018, equivalentes a 265 pesos diarios, reportó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). En tanto, el ingreso para los dados de alta ante el IMSS promedió 352.21 pesos, con una marcada disparidad entre hombres y mujeres.
Mientras los hombres, en promedio, ganan 369.72 pesos al día, las mujeres perciben 46.84 menos (15 por ciento inferior). Es la brecha salarial más amplia desde 2000, en términos nominales. A la par, entre aquellos que ganan más de cinco salarios mínimos, de cada 100 sólo 15 son mujeres, mientras ellas también llevan la mayor parte entre quienes ganan dos salarios mínimos o menos, reporta la ENOE.
“Es evidente que la pasada reforma laboral, en lugar de propiciar una formalización del mercado en la materia, prácticamente logró lo contrario: estancar la informalidad. Afortunadamente no ha crecido, pero tampoco ha habido una reducción y sí, en realidad, una pérdida en los ingresos”, resumió Nabor.
Además, pese a los programas de universalización de los servicios de salud, el porcentaje de la población económicamente activa sin acceso a salud va a la par de aquellas personas que trabajan en la informalidad, que se tasa en 62 por ciento. De 54 millones 194 mil 608, 61.97 por ciento no cuenta con esa prestación.