Indagan a Toledo por corrupción, extorsión, amenazas y violencia
Dentro del proceso de expulsión que realiza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al diputado federal Mauricio Toledo, se le investiga, además de posible corrupción, por extorsión, amenazas de muerte a opositores y por violencia electoral, indicó Ángel Ávila, integrante de la dir ección nacional extraor dinaria de ese instituto político.
Por su parte, el legislador dijo ser objeto de una campaña en su contra por represión política “del grupo que durante años ha medrado con el partido”, ante lo cual, la dirigencia nacional del sol azte- ca dijo que no aceptará chantajes.
La confr ontación empezó la semana pasada, cuando fuer on difundidos audios en los que pr esuntamente el alcalde panista de Coyoacán, Manuel Negrete –quien llegó al car go por una coalición entre el Partido Acción Nacional y el PRD– señala la existencia del cobro de “diezmos” a los trabajadores por parte de Toledo.
Tras ello, la dirección nacional extraordinaria del PRD pidió al órgano de justicia interno iniciar un proceso para expulsar al ex jefe delegacional.
“En el PRD iniciamos procedimiendos sancionatorios contra el diputado federal Mauricio Toledo por su presunta participación en casos de corrupción, ext orsión, amenazas de muerte a opositores y por violencia electoral”, indicó Ávila.
En tanto, Toledo emitió una carta a la opinión pública en la que señala ser “blanco de intrigas y una campaña sucia orquestada dentro de mi propio partido”, y aseguró que el proceso en su contra viola el debido proceso al haberse dictado sentencia previa.
“La represalia es por razones políticas y proviene del grupo que durante años ha medrado con el partido y es responsable de la salida, entre otros, de los fundadores del PRD”, indicó Toledo, además de considerar la reacción de su partido “de muy bajo nivel”.
Afirmó que buscan sancionarlo por votar en favor del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la reforma que crea la Guardia Nacional y las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
En respuesta, por medio de un comunicado, la dirigencia perredista negó que se orqueste una guerra sucia y defendió la legalidad del proceso. “A quienes se les señale de cometer actos ilícitos, que asuman las consecuencias y no quieran hacerse víctimas argumentando que las decisiones en el PRD son r epresalias”, indicó.