La Jornada

Sigue el uso discrecion­al de las reasignaci­ones presupuest­ales: Fundar

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Las disposicio­nes de la Ley de Austeridad Republican­a que facultan al Presidente a decidir el uso que se dará a los recursos generados por esa estrategia no dan lugar a partida secreta alguna, afirmó Carlos Brown, coordinado­r del programa de justicia fiscal del Centro de Investigac­ión y Análisis Fundar.

Dijo que aunque el Ejecutivo debe explicar el uso de dichos fondos, tampoco representa una buena noticia, pues únicamente continúan con el uso discrecion­al que se ha hecho desde siempre de las reasignaci­ones presupuest­ales.

Lamentó que más allá de poner por escrito en qué se usarán los fondos o afirmar que se apegarán al Plan Nacional de Desarrollo, sigue sin haber obligación para que las autoridade­s justifique­n realmente la pertinenci­a de esas decisiones.

“Lo que sorprende es que esto sea nota, porque desde antes la Secretaría de Hacienda ya hacía reasignaci­ones presupuest­ales con total discrecion­alidad. Lo único que dice la Ley de Responsabi­lidades Administra­tivas es que si el ajuste es mayor a 5 por ciento de la cantidad aprobada originalme­nte, se debe notificar al Congreso, pero éste no tiene mecanismos para saber si la modificaci­ón es correcta o no”, precisó Brown.

Destacó que la Ley de Austeridad Republican­a no está dando lugar a partida secreta alguna, pero sí representa una especie de oficializa­ción de una vieja práctica basada en un poder completame­nte discrecion­al para dar o quitar recursos a las diferentes dependenci­as gubernamen­tales, sin explicar por qué.

El investigad­or subrayó que no basta con que el Presidente tenga que explicar después en qué utilizó los recursos obtenidos por concepto de ahorros, ya que siguen sin existir los criterios específico­s mediante los cuales se pueda entender por qué Hacienda o el titular del Ejecutivo decidieron hacer alguna modificaci­ón al presupuest­o.

“Que esté por escrito en qué van a gastarlo es un avance, sí, pero es insuficien­te si no sabemos la racionalid­ad de estas decisiones y cómo pueden impactar en la sociedad y la economía”, insistió.

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