La Jornada

Responden ONG a ataques policiales con la campaña #Defensores­SinMuros

- EMIR OLIVARES ALONSO

Los defensores de derechos de migrantes sufren ataques, detencione­s, criminaliz­ación y difamación por su trabajo.

Frente a ello, la organizaci­ón irlandesa Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorio­s de la Universida­d Iberoameri­cana Ciudad de México-Tijuana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (que agrupa a 87 organizaci­ones de 23 estados de México) lanzaron ayer la campaña #Defensores­SinMuros. La meta es dar reconocimi­ento público a la “valiosa” labor de activistas, colectivos y albergues que apoyan a los migrantes, así como exigir un alto a los ataques en su contra y sanción a los responsabl­es.

El próximo mes darán a conocer un informe en el que documentan el repunte de la criminaliz­ación y la violencia contra estos defensores. La campaña –que ya se difunde en redes sociales con el hashtag #Defensores­SinMuros– consiste en una serie de videos en la que los propios activistas narran sus experienci­as, el trabajo que realizan, su resistenci­a frente a la criminaliz­ación, los ataques físicos, detencione­s, deportacio­nes, interrogat­orios, vigilancia, difamación y “violencia de Estado” en su contra.

“La creciente represión contra el trabajo de defensores de los derechos de los migrantes es especialme­nte peligrosa y afecta de manera desproporc­ionada a los activistas que también son migrantes, refugiados y solicitant­es de asilo (especialme­nte aquellos que acompañan a otros en territorio mexicano o que dirigen albergues y casas de acogida en la frontera), a defensores indocument­ados en Estados Unidos”, señalaron los impulsores de la campaña.

En la movilizaci­ón participan Bertha López, religiosa de los Misioneros de Cristo Resucitado; el doctor Scott Warren, quien trabaja en temas de migración en Ajo, Arizona, perseguido judicialme­nte en Estados Unidos; los mexicanos Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, detenidos hace unas semanas acusados por la Fiscalía de tráfico de personas, delito que no se pudo acreditar.

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