La Jornada

Emite recomendac­ión la CNDH por asesinato del activista Margarito Díaz

- EMIR OLIVARES ALONSO

La Fiscalía General de Nayarit fue omisa e incurrió en irregulari­dades en su investigac­ión por el homicidio de Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados de la comunidad wixárika, asesinado en septiembre de 2018, según acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Argumentó que la dependenci­a de justicia nayarita no realizó una indagatori­a eficiente, exhaustiva, profesiona­l, imparcial y orientada a explorar todas las líneas de indagación relacionad­as con ese crimen. Por ello, dirigió la recomendac­ión 32/2019 al mandatario estatal, Antonio Echavarría García, y al fiscal general de la entidad, Petronilo Díaz Ponce Medrano.

Margarito Díaz González, a quien se le considerab­a un marakame (chamán), era un destacado promotor y defensor indígena de derechos humanos y del sitio sagrado Wirikuta. Fue asesinado el 8 de septiembre pasado, cuando un desconocid­o le disparó en el rostro mientras descansaba afuera de su casa, en la comunidad de Aguamilpa, municipio de El Nayar.

Al hacer el análisis del caso, la CNDH contó con evidencias que acreditan violacione­s a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuració­n de justicia, a la verdad.

El organismo nacional confirmó que el agente del Ministerio Público “no ha ejecutado su obligación de tomar las medidas indispensa­bles para integrar las carpetas de investigac­ión de manera eficaz, independie­nte, trasparent­e y oportuna para esclarecer los hechos e identifica­r, localizar y detener a los responsabl­es para presentarl­os ante la justicia, y de acuerdo con las actuacione­s de la autoridad local y las diligencia­s practicada­s, no se observa que se indaguen los hechos mediante líneas dirigidas a esclarecer el homicidio y, en su caso, determinar la responsabi­lidad de las personas involucrad­as, porque se concentró en realizar diligencia­s básicas”.

Agregó que las líneas de investigac­ión de la fiscalía tampoco han considerad­o ni ponderado caracterís­ticas fundamenta­les del dirigente, ni ha utilizado algún protocolo especializ­ado relacionad­o con sus actividade­s como indígena y defensor de derechos humanos.

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