Va a juicio el ex director de Pensiones de Jalisco
Fidel Armando Ramírez Casillas, ex director del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), y cinco personas más fueron vinculadas a proceso por la compra de medicamentos con sobreprecio a la empresa Abisalud.
El fiscal anticorrupción estatal, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que tiene cuatro meses para concluir la investigación y acreditar la responsabilidad de los imputados.
Según el funcionario, Abisalud –empresa vinculada al actual delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños– vendió en forma irregular al menos 30 medicamentos a las farmacias del Ipejal, lo cual habría causado al organismo un quebranto de 30 millones de pesos.
Además del ex director del Ipejal se vinculó a proceso a la ex directora administrativa, Adriana Gabriela Ceja Palacios, y al ex jefe del área de recursos materiales, Jorge Arturo García Rodríguez, por uso ilícito de atribuciones y facultades. También hay tres particulares ligados a Abisalud implicados: Raquel Valdés, Juan Manuel Ayala Orozco y María del Carmen Gómez.
El juzgado decimoprimero de control y juicio oral del primer distrito ordenó como medida cautelar que ninguno de los vinculados salga del estado y que cada mes se presenten a firmar ante la autoridad judicial.
El fiscal anticorrupción aseguró que no busca chivos expiatorios ni afectar a personas ajenas a la compra irregular de medicamentos por “exigencias mediáticas o políticas”.
Recordó que la Fiscalía Anticorrupción tiene otras nueve carpetas de investigación abiertas por anomalías en el Ipejal, entre ellas una por el uso de 603 millones de pesos de ahorros de los burócratas del estado en bonos de deuda de la empresa española Abengoa, que el año pasado se declaró en quiebra.
También hay cinco investigaciones por presuntos sobornos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para apresurar la ejecución de laudos.
La semana pasada la fiscalía logró vincular a proceso al ex director de la Comisión Estatal del Agua, Salvador Delgado, y a tres directores de área por un presunto desvío de 13.5 millones de pesos.