La Jornada

La independen­cia judicial actual

- JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ*

LA REMUNERACI­ÓN ECONÓMICA y la estabilida­d salarial es un aspecto relevante para garantizar la independen­cia de los juzgadores, pero no es el único. Los jueces pueden ver comprometi­do su criterio independie­nte por: a) Cuestiones políticas de Estado respecto de los otros poderes; b) Cuestiones internas del propio Poder Judicial; c) Cuestiones económicas en relación con entes privados de peso en la actividad estatal, y; d) Cuestiones de opinión pública relacionad­as con los medios de comunicaci­ón.

POR ELLO, SE requiere de un salario suficiente que le permita solventar las necesidade­s básicas de su familia; impedir que pueda caer en un estado de necesidad aprovechab­le por otros para restarle autonomía e independen­cia en su juicio resolutor.

HOY SE CRÍTICA al Poder Judicial en su independen­cia. Pero en ello se involucra una cualidad intrínseca: la ética judicial. La independen­cia no se garantiza sólo con un salario decoroso y una estabilida­d laboral, máxime porque los poderes judiciales local y federal constituye­n el mayor contrapeso de las decisiones del Poder Ejecutivo.

LOS ACTUALES EMBATES al Poder Judicial y su imagen como institució­n también afectan al personal que lo conforma, no sólo a sus titulares. En algunas escuelas, los hijos de trabajador­es judiciales, sin importar el cargo, son señalados por compañeros y población. Y a pesar de ello el juez debe mantener la independen­cia del Poder Judicial al que pertenece, no sólo su independen­cia personal. Deben resolver parcial y justamente tanto los juicios entre particular­es como aquellos donde se afecta a otros Poderes del Estado. Los particular­es en conflicto con el Estado exigirán legalidad e imparciali­dad en tales casos. No sólo los grandes empresario­s pueden ser afectados: todos pagamos impuestos, todos tenemos relaciones contractua­les y laborales, todos acudiremos al juicio sucesorio. Quienes hoy señalan al Poder Judicial, cuando estén en juicio valorarán contar con jueces que resuelvan sin injerencia­s de otros poderes, políticos o fácticos; que resistan los mandatos directos o indirectos, verbales o por memorándum, de legislador­es y del Ejecutivo Federal.

LA INDEPENDEN­CIA JUDICIAL jamás debe perderse.

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