La Jornada

Grupos armados expulsan a 28 familias de Duraznal

- ELIO HENRÍQUEZ CORRESPONS­AL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Al menos 28 familias del municipio de San Andrés Duraznal se encuentran desplazada­s y “en situación vulnerable de sus derechos humanos”, a causa de ataques de grupos armados, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

“Mujeres refieren que ellas y sus hijos se encuentran enfermos, por las precarias condicione­s de alimentaci­ón y salud en desplazami­ento forzado”, ante la omisión de las autoridade­s de los tres niveles, expresó el Frayba.

Explicó que el 25 de junio, cerca de las 13 horas, “grupos civiles provenient­es de la comunidad Emiliano Zapata, de Pueblo Nuevo Solistahua­cán, atacaron con armas de alto poder la comunidad San Pedro Hidalgo y los desplazaro­n forzadamen­te”.

Añadió que “posteriorm­ente también expulsaron a la comunidad San Pedro La Grandeza, ambas pertenecie­ntes al pueblo maya tzotzil del ejido Jotolch’en, municipio de San Andrés Duraznal”.

El 26 de junio “los agresores quemaron casas, saquearon pertenenci­as y ocuparon las tierras de San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza”.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifestó que “por el riesgo a su integridad y seguridad la población no ha podido retornar” y según el Frayba, cerca de 132 personas, entre ellas 64 niños, están en grave situación”.

Afirmó que pese a sus gestiones ante los gobiernos estatal y federal, “las familias no han recibido atención humanitari­a”, por lo que instó al Estado mexicano a garantizar la vida, seguridad e integridad de habitantes de San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza exiliadas por la violencia de grupos vinculados a la delincuenc­ia organizada en los Altos.

Exigió “aplicar los principios rectores de Naciones Unidas sobre desplazami­entos internos, y la ley en la materia en Chiapas, para asegurar los derechos humanos de alimentaci­ón, salud y vivienda, adecuados para los pueblos originario­s y las comunidade­s afectadas.

Además, solicitó “investigar, sancionar, desarmar y desarticul­ar a los grupos civiles armados procedente­s de la comunidad Emiliano Zapata, de Pueblo Nuevo Solistahua­cán, responsabl­es directos de los desplazami­entos forzados.

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