Presenta el PRI iniciativa para salvaguardar bienes quitados al narcotráfico

Se busca asegurar su custodia por parte de las autoridades

El PRI en el Senado presentó una iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar que se pierdan los recursos que se decomisan al narcotráfico y tener un control del dinero en efectivo y otros bienes.

Para ello, el priísta Jorge Carlos Ramírez planteó añadir al artículo 228 de ese ordenamiento que, para que la cadena de custodia sea efectiva desde la localización de los objetos –como el dinero y los bienes asegurados por las autoridades–, se preserven y dispongan en las condiciones en que fueron encontrados.

Para ello, propone que las autoridades que “localicen indicios, vestigios, evidencias o productos del hecho delictivo deberán tomar fotografías de los mismos, o bien videograbarlos, así como describir en las actas correspondientes su cantidad, peso y volumen”.

Asimismo, el priísta Ramírez señala la necesidad de modificar el artículo 235 de ese mismo ordenamiento, para que “el aseguramiento de monedas, billetes y divisas producto de hechos delictivos queden a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y se mantenga un registro fidedigno de lo asegurado, para que exista certeza de su destino”.

En su iniciativa, Ramírez afirma que “muy a menudo el dinero producto de actividades de narcotráfico o de crimen organizado se encuentra en efectivo por haber sido sujeto a su blanqueamiento ilícito. Asimismo, por la naturaleza de las organizaciones que cometen delitos de manera organizada, contra la salud y por hechos de corrupción, entre otros, existe un peligro latente para las autoridades que localicen esos bienes, por lo que debe existir un procedimiento eficaz que asegure su custodia por parte de las autoridades”.

Refiere que existen diversos casos relevantes y trascendentes para la sociedad mexicana, como el destino desconocido del patrimonio millonario que Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera amasó a partir de diversas actividades ilícitas, “incluso el SAE, que es la instancia encargada de la administración de los bienes asegurados por las autoridades, desconoce en qué consiste y dónde se encuentra dicho patrimonio, lo que constituye una afectación al interés nacional”.