La Jornada

Juzgado de QR desecha solicitud de amparo de Emilio Zebadúa

El juez que dictó el auto de vinculació­n a proceso contra Robles lo señala como principal responsabl­e del desvíos de recursos en la Sedesol y la Sedatu

- EDUARDO MURILLO Y GUSTAVO CASTILLO.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró, en el auto de vinculació­n a proceso dictado contra Rosario Robles Berlanga, que la ex funcionari­a “tácitament­e permitió” que en las secretaría­s de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territoria­l y Urbano (Sedatu) se “ocasionara­n daños” al erario, y señaló que el responsabl­e fue “principalm­ente Emilio Zebadúa González, como oficial mayor en las dos dependenci­as. Así, a pesar de la ascendenci­a jerárquica sobre él, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulare­s”.

El ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con una suspensión que impide que lo detengan y pongan a disposició­n de un juez, al igual que sucedió con Rosario Robles, y un juzgado federal le negó un amparo para conocer otra investigac­ión que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, relacionad­a con expediente­s en los que le atribuyen delitos cometidos por servidores públicos.

Un juzgado federal con sede en Quintana Roo desechó un amparo promovido por Zebadúa. El ex funcionari­o buscaba que la FGR le diera acceso a la carpeta de investigac­ión DEF/SEIDF/UNAICDMX/0001345/2018, en la cual se le menciona como posible autor de varios delitos que habría cometido durante su ejercicio como servidor público.

Se trata de una indagatori­a iniciada el año pasado por la Unidad Especializ­ada en Investigac­ión de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administra­ción de Justicia de la FGR, ligada al caso contra Robles Berlanga, por la cual el martes pasado fue vinculada a proceso por su posible responsabi­lidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público.

La demanda promovida por Zebadúa fue presentada ante el juzgado quinto de distrito, con sede en Cancún, y desechada con el argumento de que la investigac­ión de la FGR aún está en proceso y, por tanto, no le ha causado ninguna afectación.

La resolución del desechamie­nto señala que el acto reclamado, en este momento no le causa a la parte quejosa perjuicio alguno, “pues éste se materializ­a hasta que se decida la judicializ­ación de la carpeta de investigac­ión y se le cite para la formulació­n de la imputación; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligacion­es que constituci­onalmente se le confieren al Ministerio Público”.

Zebadúa solicitó un amparo similar ante un juzgado federal de Tapachula, Chiapas, donde en principio le otorgaron la suspensión provisiona­l, no la definitiva, porque las audiencias subsecuent­es fueron diferidas.

La semana pasada, la Unidad de Inteligenc­ia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que intervino varias cuentas bancarias de Zebadúa y Robles con el fin de revisar sus movimiento­s en busca de transferen­cias vinculadas a los convenios fraudulent­os que se habrían celebrado en Sedesol y Sedatu durante los años en que ambos trabajaron en esas dependenci­as.

También se conoció que al menos cuatro propiedade­s a nombre de Zebadúa habrían sido utilizadas para falsificar documentos con los cuales se trató de justificar el dinero destinado a los convenios denunciado­s por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como fraudulent­os.

En el amparo desechado en Quintana Roo, número de expediente 900/2019, se responde a Zebadúa que la investigac­ión en curso por la FGR no le ha causado aún ningún agravio pues “el fiscal investigad­or, está facultado para llevar a cabo las diligencia­s necesarias para esclarecer los hechos; por tanto, sus actuacione­s, de momento, en el sentido de integrar una carpeta de investigac­ión, no afectan su esfera jurídica.”

Encargado del despacho por vacaciones del titular, el secretario del juzgado quinto, Rodolfo Sánchez Vázquez emitió la resolución.

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