La Jornada

Ramón Sosamontes también busca protección de la justicia

- CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO

El ex director de Comunicaci­ón Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Ramón Sosamontes Herreramor­o presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensió­n o actos privativos de la libertad por el caso relacionad­o con el desvío de 5 mil millones de pesos de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territoria­l y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.

Sosamontes es colaborado­r cercano a Robles Berlanga, quien enfrenta un proceso penal y se encuentra en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserció­n Social de Santa Martha Acatitla, luego de que el juez del caso la vinculó a proceso por su presunta responsabi­lidad en la comisión de ejercicio indebido del servicio público.

Entre los datos de prueba, el Ministerio Público Federal presentó en la audiencia del lunes los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que ex funcionari­os de Sedesol y Sedatu firmaron con universida­des estatales y politécnic­as, entre ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de ambas dependenci­as, y a Ramón Sosamontes, ex director de Comunicaci­ón Social de la Sedesol, como involucrad­os en la firma de esos contratos.

El juzgado decimoterc­ero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México aún no admite a trámite la demanda de Ramón Sosamontes, pues le solicitó “aclarar el acto que reclama y señalar las razones por las que les atribuye el carácter de responsabl­es a los jueces que menciona en su demanda”.

Sosamontes interpuso el juicio de amparo el 8 de agosto pasado, día en que se llevó a cabo la primera audiencia de Rosario Robles en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, y quedó radicado en el expediente 621/2019.

Por separado, Sonia Angélica Zaragoza González, ex directora general de Recursos Humanos de ambas dependenci­as, a quien se relaciona con la firma un contrato de la Sedesol con la Universida­d Autónoma de Morelos, también tramitó un amparo. Reclama la violación al derecho de defensa.

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