Denuncian a funcionarios federales y de NL por la presa Libertad
Los integrantes de cuatro comisariados ejidales ubicados en los municipios de Linares y China, Nuevo León, interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de autoridades federales y estatales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, así como contra Fernando Adame Doria, alcalde de Linares, por el proyecto de la presa Libertad, con el cual, aseguraron, se viola su derecho a un medio ambiente adecuado, así como a la preservación del equilibrio ecológico.
Los miembros de los ejidos San Jacinto, La Barreta, San Pedro de Los Escobedo y Santa Rosa solicitaron al Ministerio Público Federal que se cancele la presa y concluya la “interrupción de la corriente de aguas nacionales” del río Cabezones o Potosí, que en Tamaulipas recibe los nombres de Conchos y San Fernando.
Este caudal, acusaron, se desvía desde marzo “para irrigar Lampazos y Refugio, donde el delegado (de la Conagua en Linares, Mario Alberto Tovar) tiene parcelas, a la vez que abastece una presa en el rancho El Sotolar, que en una época fue de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, gobernador de Nuevo León.
Ese desvío, señalaron los ejidatarios, provocó “la desecación del río, no obstante que sus aguas son consideradas nacionales”.
Los agricultores plantearon en la querella que la presa Libertad, “desde la perspectiva ambiental y sin importar su tamaño y modos de operación, va a modificar en perjuicio del campesinado procesos biofísicos y el régimen natural del río Potosí, en detrimento directo e indirecto de ecosistemas colindantes y de la población ejidal.
“Se alterará el caudal río abajo, pues al represar el río y crear una laguna se trastoca la hidrología del sistema pluvial, privando al río de los sedimentos aguas abajo, afectando áreas agrícolas y ganaderas”.
Lo más grave, señalaron los ejidatarios, es que “la construcción de la presa va a provocar el desplazamiento involuntario de cientos de ejidatarios con sus familias, producto de la degradación ambiental, con la promesa de que serán compensados económicamente para integrarse a la ciudad”.
Agregaron que el desvío de las aguas del río y la construcción de la presa “constituyen una grave violación a los derechos comunitarios en términos del protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Prerrogativas Económicas, Sociales y Culturales, conocido también como Protocolo de San Salvador”.