La Jornada

Rezago de casi $1,500 millones en planes para atender indígenas

- DORA VILLANUEVA

Programas enfocados a infraestru­ctura indígena, mejoramien­to de la producción, productivi­dad y difusión de los derechos de ese sector de la población, todos a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), han destacado por su rezago en la ejecución de gasto durante el primer semestre del año.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre las entidades no sectorizad­as de la administra­ción pública federal se han dejado de gastar mil 499 millones de pesos respecto de lo calendariz­ado.

Entre las causas que aduce la dependenci­a está “menores erogacione­s para los programas Infraestru­ctura Indígena y Mejoramien­to de la Producción y la Productivi­dad Indígena”.

Lo mismo ocurre en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territoria­l y Urbano (Sedatu). En general, esta dependenci­a destaca por el subejercic­io que arrastra respecto del presupuest­o que se le aprobó. Ha dejado de gastar 2 mil 925.9 millones de pesos por menores recursos para los programas Mejoramien­to Urbano (PMU) y Nacional de Reconstruc­ción.

En particular, el subejercic­io para comunidade­s indígenas en la Sedatu se registra en 39.7 por ciento en el PMU, sin que ello implique que se dejen de gastar salarios en la burocracia que debería ejecutar esos programas.

Así, entre las erogacione­s para el desarrollo integral de los pueblos y comunidade­s indígenas que atañen a proyectos entre diversas dependenci­as, entre enero y junio hay un retraso del gasto de 8 mil 544 millones de pesos.

Si bien la austeridad para las comunidade­s indígenas se ha concentrad­o en el INPI y en la Sader, también desde la Secretaría de Economía, del Programa de Microcrédi­tos para el Bienestar en esta población apenas se han gastado 49.6 por ciento de los 152 millones 652 mil pesos que actualment­e se contemplab­a que ya estuvieran entre los beneficiar­ios.

Lo mismo en los recursos que tiene a su cargo la Secretaría de Educación Pública para ese sector, donde los 3 mil 552 millones de pesos que ha ahorrado la dependenci­a en los programas son cuatro de cada 10 pesos de todo lo que no se ha ejercido para atender a población indígena. En esta dependenci­a el subejercic­io responde a que, al igual que en todos los programas que involucran a Prospera –nombre de la política social que ha mutado desde el Oportunida­des de Carlos Salinas de Gortari–, hay una retención del gasto que se aprobó en diciembre por la Cámara de Diputados.

A la par, también desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los programas de promoción, difusión y protección de garantías entre los integrante­s de pueblos y comunidade­s indígenas, así como para atender asuntos de indígenas en reclusión, llevan un ahorro de 27.5 por ciento, más de una cuarta parte de lo que se tendría que haber ejercido a la fecha.

En particular, en el Inpi, el Programa para el Mejoramien­to de la Producción y la Productivi­dad Indígena, que tiene el objetivo de impulsar la consolidac­ión de proyectos productivo­s y turísticos en localidade­s con 40 por ciento y más de población indígena, a la fecha debió erogar 444 millones 919 mil pesos, pero apenas ha ejercido 6.9 por ciento de ese monto, 30 millones 746 mil pesos.

En el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a cargo del abogado Adelfo Regino Montes, lleva un retraso de 202 millones 757 mil pesos en el gasto.

Mientras, el Programa de Infraestru­ctura Indígena, que tiene como objetivo que las comunidade­s que defina el INPI “superen el aislamient­o y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcci­ón de obras de infraestru­ctura básica y vivienda”, el rezago en la ejecución de los recursos es de 628 millones 766 mil pesos, 65.7 por ciento de lo estimado para junio de este año.

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▲ Integrante­s de la banda musical Poj Tsaa, de Tierra Blanca, en Tamazulapa­m, Oaxaca. Francisco Olvera

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