Peñasquito ofrece piscina, asadores y canchas a ejidatarios de Mazapil
La población culpa a la empresa de secar manantial y pozos freáticos
Una piscina comunitaria con palapas y asadores, una cancha de futbol con pasto sintético y gradas; un campo de beisbol, un parque familiar y una planta tratadora de aguas residuales es lo que ofrecieron las trasnacionales Newmont y Goldcorp, propietarias de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, a pobladores de San Juan de Cedros, municipio de Mazapil, que a principios de este año bloquearon los accesos para denunciar que luego de una década de operaciones la veta agotó los mantos freáticos, secó un manantial y cinco pozos agrícolas.
La propuesta, consistente en una “privilegiada inversión social directa, mediante la aplicación del plan de agua integral y la construcción de infraestructura social y deportiva para el uso de toda la comunidad”, fue enviada a la Secretaría de Gobernación (SG), el pasado 11 de septiembre, informó este viernes la compañía de capital estadunidense y canadiense, en un comunicado.
Dicho proyecto de la minera Peñasquito incluye planos arquitectónicos digitales y una presentación audiovisual. Además, se notificó a la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, que pidieron a los habitantes de Mazapil renten más terrenos al consorcio, adicionales a las 5 mil hectáreas que posee Peñasquito en esa región, para ampliar sus exploraciones mineras.
Newmont y Goldcorp han ofrecido “a la comunidad de Cedros, la posibilidad de rentar terrenos destinados tanto a la operación como a la exploración minera, a fin de generar mayores recursos directos a los ejidatarios”.
Ofrece rentar más tierras
Extraoficialmente, líderes de la comunidad informaron que durante las protestas de ejidatarios y transportistas, durante marzo, abril y mayo pasados, la minera ofreció a los campesinos arrendar 2 mil hectáreas más de tierras.
Newmont y Goldcorp precisaron que la propuesta enviada a la SG incluye la respuesta a los 180 transportistas de la empresa Cava, que también protestaron por la cancelación de los contratos de acarreo de materiales, debido a que Peñasquito los transfirió a la española Edesa.
“En cuanto a los transportes se ha ofrecido (trabajo a) 50 camiones, para la operación en acarreo para Cava, dado que como es de público conocimiento (sic), Peñasquito abrió la posibilidad de hacer contratos individuales (desechando el contrato colectivo), y se firmó con 50 camiones de ejidatarios y ex miembros de Cava”.
La minera admitió ante la SG la denuncia de los transportistasejidatarios, respecto de que Peñasquito dividió a gremios de Cava, al expedir contratos individuales, sólo a quienes se separaron de la compañía que participó en el bloqueo a la veta, por el incumplimiento de contrato anterior.
“Minera Peñasquito considera que las opciones deben ser abiertas para todos los miembros de la comunidad y no sólo para quienes desean mantener sus privilegios”, expuso en su comunicado.
Asimismo, Peñasquito confirmó a la SG que “la empresa (ya) cumplió con el pago anual del fideicomiso Cedros y con el compromiso de pago anual de becas, entre otros puntos”, pagos que la mina suspendió a la comunidad, inconforme por la movilización campesina y de transportistas.
Sigue diálogo en la SG
En el contexto de las negociaciones que aún siguen en Gobernación, entre Peñasquito y los ejidatarios de San Juan de Cedros, se advierte que “la empresa continúa en la mejor disposición de diálogo y valora los considerables y favorables avances obtenidos hasta el día de hoy, y al mismo tiempo espera podamos continuar el proceso de conversaciones de manera fluida, hasta que se alcancen resultados legítimos y sustentables”.
Por otra parte, la Red de Afectados por la Minería en México (Rema), reprochó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de modificar la forma en que se opera el fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios, conocido como fondo minero.
El 6 de septiembre, en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, López Obrador dijo que los recursos del fondo minero “no están llegando directamente a la gente, sino que se quedan atorados en los ayuntamientos y gobiernos estatales”, por lo que ofreció, como solución, que los más de 24 millones de pesos de este programa, que se distribuyen cada año a Charcas, “sean entregados en forma directa a los comités de padres de familia de las 33 primarias de este municipio”.
La Rema dijo que “es algo perverso” atender las necesidades de las escuelas de los municipios mineros, que “debido al abandono y negligencia históricos” han enfrentado por el gobierno federal, pues inserta a las comunidades a depender a partir del despojo, la extracción de las grandes mineras y de los daños al ambiente y la salud que la minería genera.