La Jornada

“Huele a podrido” el sistema de justicia, acusa Alejandro Encinas

Excarcelar a inculpados en la desaparici­ón de los 43 alienta el silencio y la impunidad, señala

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN

La resolución del juez que ordenó liberar inmediatam­ente a 24 de los inculpados en el caso Ayotzinapa, revela “la miseria, la podredumbr­e en que se encuentra el sistema de impartició­n de justicia en el país, que huele a podrido”, aseguró el subsecreta­rio de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernació­n, Alejandro Encinas Rodríguez.

Al fijar la postura gubernamen­tal respecto a dicha resolución, señaló que ésta también representa una “afrenta” a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. “Es una burla a la justicia, ya que estas resolucion­es alientan el silencio, la complicida­d y la impunidad para conocer la verdad”, insistió, para señalar que es “el momento de hacer cambios profundos al sistema de justicia”.

Además, comentó que la Fiscalía General de la República les ha anunciado que presentará recursos y diligencia­s para responsabi­lizar a los funcionari­os que incumplier­on con sus obligacion­es, entre los cuales están el ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigac­ión Criminal.

Sobre la resolución del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dijo que ésta se dio a la vieja práctica del “sabadazo” y en “días de puente”.

Estos casos se suman a las 53 liberacion­es anteriores, para un total de 77 de las 142 personas relacionad­as con la desaparici­ón de los 43 estudiante­s de Ayotzinapa, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014; quedan 65 personas en prisión por este caso.

En este sentido, el subsecreta­rio Encinas expresó que de mantenerse esta tendencia, en los próximos días o semanas podrían darse otras liberacion­es. Afirmó que en política no hay coincidenc­ias, por lo que esta resolución tiene una “evidente intención política”, pues está próximo el quinto aniversari­o de esos lamentable­s hechos.

En conferenci­a, consideró que la decisión del juez también “sienta un grave precedente”, pues se otorgan beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, y privilegia­ndo de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetrado­res sobre el derecho a acceder a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.

Explicó que el juez Ventura Ramos “interpretó con mucha laxitud la ley y actuó de manera contradict­oria”, pues mientras avala que hubo tortura para los inculpados, no finca responsabi­lidades en contra de los presuntos torturador­es, dejando también en la impunidad a los funcionari­os que la cometieron.

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