La Jornada

Ecuador, fin de ciclo e inestabili­dad sistémica

- RAÚL ZIBECHI

Los sucesos que vive Ecuador muestran una profunda inestabili­dad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. El gobierno de Lenín Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejada­s por el FMI que supone el fin de los subsidios a los combustibl­es, con un alza de 123 por ciento al precio del galón de diésel y de 30 por ciento al de la gasolina, acompañada de reformas laborales y tributaria­s para aumentar la recaudació­n.

Inicialmen­te la movilizaci­ón correspond­ió al gremio de los transporti­stas, pero pronto se sumaron los mayores movimiento­s del país, en gran medida, como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democrátic­as y la militariza­ción del Ecuador.

La Confederac­ión de Nacionalid­ades Indígenas del Ecuador (Conaie), la central Frente Unitario de los Trabajador­es, los sindicatos de educadores y la federación de estudiante­s universita­rios, promoviero­n movilizaci­ones en toda la nación, especialme­nte en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originario­s tienen mayor presencia, y en Quito, epicentro de los conflictos sociales.

Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologista­s y trans, lanzaron un comunicado titulado Mujeres contra el Paquetazo, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos, entre ellos el coordinado­r de Pachakutik, Marlon Santi, y dirigentes juveniles de Conaie.

La protesta ecuatorian­a no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibl­es. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se recostó en los grandes grupos empresaria­les, financiero­s y mediáticos, y es la continuaci­ón de las resistenci­as al régimen autoritari­o de Rafael Correa (2007-2017).

En efecto, muchos recuerdan el ciclo de protestas de junio a diciembre de 2015, contra medidas del gobierno para paliar la caída de los precios del petróleo, que representa más de 40 por ciento de las exportacio­nes. En aquel momento, los niveles de represión fueron muy similares a los actuales, aunque Correa no decretó el estado de excepción en todo el país.

Para evaluar la crisis ecuatorian­a, como crisis de la gobernabil­idad, debemos remontarno­s seis años atrás. En 2013 hablamos del “fin del consenso lulista”, como consecuenc­ia de la oleada de movilizaci­ones conocidas como “Junio 2013”, que marcaron el ocaso del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el comienzo del fin del ciclo progresist­a en la región (https://bit.ly/2LRiUsc).

Dos años después, con la derrota electoral del kirchneris­mo en Argentina fue evidente que se aceleraba el fin del progresism­o, pautado por “una nueva fase de los movimiento­s que se están expandiend­o, consolidan­do, modificand­o sus propias realidades” (https://bit.ly/2XCMzbB). Una de las principale­s caracterís­ticas del nuevo periodo conservado­r, o derechista, es la evaporació­n de la gobernabil­idad y el ingreso en un periodo de inestabili­dad sistémica.

A modo de recordator­io, quisiera destacar algunas caracterís­ticas del periodo que vivimos en América Latina, y que ahora emergen de forma transparen­te en Ecuador.

La primera es el protagonis­mo de los movimiento­s, o sea de la gente común organizada y movilizada. Este es el aspecto central. Si el fin del ciclo progresist­a lo anunciaron las gigantesca­s movilizaci­ones de “Junio 2013” en más de 350 ciudades de Brasil durante un mes, el ocaso de las nuevas derechas anuncian las movilizaci­ones en torno a Congreso de Buenos Aires, contra la reforma de las pensiones, en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de una fenomenal batalla campal en la que casi 200 personas fueron heridas por la policía en pocas horas, el 19 de diciembre, los medios destacaron: “Argentina está demostrand­o una vez más que es el país de Latinoamér­ica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulare­s” (https://bit. ly/2CC2XOZ). No es casualidad que pocos meses después comenzara la escalada del dólar que sepultó al gobierno macrista.

La segunda es que el fin de la gobernabil­idad, propia de los primeros años del progresism­o, es de carácter estructura­l y tiene poca relación con los gobiernos. El ciclo progresist­a se cimentó en los altos precios de commoditie­s, con grandes superávits comerciale­s que lubricaron las políticas sociales. Mejorar el ingreso de los más pobres sin tocar la riqueza, fue el milagro progresist­a.

Ese consenso se terminó con la crisis de 2008 y la guerra comercial Estados UnidosChin­a no hace más que profundiza­r la inestabili­dad. No es posible seguir mejorando la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza y los gobiernos que se reclamen progresist­as no harán otra cosa que profundiza­r el extractivi­smo y el despojo de los pueblos: Andrés Manuel López Obrador y el posible gobierno de Alberto Fernández, son parte de esta realidad.

El panorama de los próximos años será una sucesión de gobiernos, progresist­as y conservado­res, con un telón de fondo de vastas movilizaci­ones populares. Se trata del fin de la estabilida­d, de cualquier color.

Imposible, mejorar la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza

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